En una sesión privada, la Corte Plena decidió con 20 votos a favor y uno en contra, solicitar al Congreso el despido de Gamboa, por una causa disciplinaria que se le sigue por un viaje que realizó a Panamá el 9 de octubre de 2016, en el que supuestamente estuvo con el empresario importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

En Costa Rica los magistrados son nombrados mediante votación en la Asamblea Legislativa, por lo que es éste órgano el único que puede levantar la inmunidad o destituir a estos funcionarios.

Una vez que reciba la petición oficial por parte de la Corte, la Asamblea Legislativa deberá conformar una comisión que estudie el expediente y que rinda un informe en el que recomiende al Plenario la destitución o la permanencia en el cargo de Gamboa.

Posteriormente, el Plenario deberá tomar una decisión por medio de votación. Gamboa, exministro de Seguridad y excomisionado Nacional Antidrogas, dijo hoy al medio digital Ameliarueda.com que no le sorprende la decisión adoptada por la Corte Plena y que esperará a tener en su poder la resolución para analizarla con sus abogados y evaluar medidas a tomar. El magistrado está envuelto en la polémica del caso conocido como “el cementazo”, una aparente red de tráfico de influencias para favorecer las importaciones de cemento del empresario Juan Carlos Bolaños mediante millonarios créditos en la banca estatal y modificación de reglamentos de importación del producto.

Gamboa se encuentra suspendido del cargo desde octubre pasado mientras se le investiga su relación con Bolaños. El “cementazo” ha salpicado al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues plantea relaciones del empresario con diputados, el magistrado Gamboa, exministros, funcionarios de Gobierno, líderes políticos y funcionarios de la banca estatal.

El Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.

El mandatario compareció ante una comisión del Congreso por este caso en septiembre pasado y ha afirmado que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores, y no para ayudar al empresario Bolaños.

El “cementazo” es una de las ocho causas por las que el magistrado Gamboa es investigado por las autoridades judiciales.

Por otra de ellas, una comisión especial del Congreso acordó hoy recomendar al Plenario el levantamiento de su inmunidad.

La causa en cuestión es un aparente favorecimiento del magistrado al actual alcalde de San José, Johnny Araya, para que se eliminara su nombre de un expediente judicial.