Un artículo de la revista Veja del viernes cita a un ayudante anónimo del mandatario que dice que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) había sido encargada de encontrar material comprometedor sobre el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

Aunque el palacio presidencial rápidamente emitió una declaración negando el informe, el STF respondió con un comunicado inusualmente fuerte en la mañana para repudiar cualquier presión sobre sus jueces.

“Es inadmisible cometer un crimen muy grave contra el Supremo Tribunal Federal, contra la democracia y contra la libertad” , afirmaba la declaración firmada por su presidenta, Carmen Lucia.

Describiendo la presión contra los jueces como la práctica “propia de una dictadura” , Lucia añadió que el tribunal “rechaza vehementemente el acecho espurio, inconstitucional e inmoral contra cualquier ciudadano y más aún contra uno de sus miembros, más todavía si tiene por objeto limitar a la justicia”.

La declaración advirtió que puede haber “consecuencias legales, políticas e institucionales” si la operación reportada fuera “probada en cualquier momento”.

Poco después, el fiscal general, Rodrigo Janot, aseguraba en otro escrito que “repudia con vehemencia” cualquier intento de denigrar la imagen de un juez y aludió a la época convulsa que vive el gigante sudamericano.

“Si se confirma tal atentado a los Poderes de la República y al Estado Democrático de Derecho, se trataría un nuevo episodio infeliz de la grave crisis de representatividad por la que atraviesa el país” , afirmó en un comunicado.

El STF supervisa decenas de casos de corrupción contra políticos brasileños, incluidos ministros, senadores y diputados, cuyas causas no se tramitan en tribunales inferiores.

Gran cantidad de ellos proceden de la Operación Lava Jato, que investiga desde 2014 una masiva red de corrupción integrada por políticos, empresarios e intermediarios que drenaban millonarias sumas desde la petrolera estatal Petrobras. Fachin es el juez a cargo del caso en la corte suprema.