“Acudiremos nuevamente a la OIT. No es un hecho aislado. Responde a una política de terrorismo laboral contra los empleados de la administración pública, una especie de apartheid que pretende obligar a los trabajadores a ser fieles a Maduro”, declaró Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS).

La denuncia se anexará a un expediente abierto al gobierno venezolano en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por una queja presentada en la última reunión del ente, en junio, por “discriminación laboral”. El lunes, el dirigente oficialista Jorge Rodríguez anunció que, por orden de Maduro, serían removidos en 48 horas los empleados públicos en labores directivas que firmaron en respaldo a la solicitud para autorizar a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como promotora del revocatorio.

El ministro de Comunicación de Información de Venezuela, Luis Marcano, aseguró el martes que “quien ostente un cargo de libre nombramiento y remoción” no puede ser una persona “que esté atentando contra la revolución bolivariana”.

“Hablan de funcionarios de libre remoción, pero en realidad es un mensaje a todos los trabajadores”, expresó Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE).

Carbone señaló que “el gobierno usa la amenaza” para frenar la participación de los trabajadores en la recolección de cuatro millones de rúbricas para convocar el referendo, prevista para finales de octubre. Barrios y Carbone esperan que la OIT responda a la queja en noviembre y decida enviar una misión a Venezuela. A julio, de acuerdo con cifras de UNETE, al menos 1.250 empleados estatales habían sido destituidos por respaldar la consulta.