El comandante de la Policía Boliviana, general Yuri Calderón, declaró a los medios en El Alto frente a la fábrica desarticulada que los operativos se desarrollaron entre el jueves y esta pasada madrugada en esta ciudad y en su vecina La Paz.

Calderón manifestó que la desarticulación representa “un duro golpe” al tráfico de fármacos adulterados, tras meses de investigación para combatir “un delito mucho más grave que el narcotráfico”, puesto que “toda la población se ve engañada” al adquirir medicinas falsas que ponen en riesgo su vida.

El mando policial destacó la incautación de un revolver y un fusil, supuestamente utilizados para la “seguridad” de la fábrica. El lugar allanado contaba con todo lo necesario para producir las medicinas adulteradas, como productos químicos, sus envases y los folletos que acompañan a los fármacos, con maquinaría como una imprenta de alta tecnología valorada en alrededor de medio millón de dólares, relató el jefe policial.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Bolivia informó en un comunicado de que los operativos fueron coordinados entre la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Policía Boliviana. El fiscal Anticorrucpción del caso, Marcos Villa, detalló que “en está fabrica ilegal se halló envases primarios y secundarios de una variedad grande de fármacos con etiquetas falsas de distintos laboratorios nacionales y extranjeros”, algunos de Argentina. “Incluso se falsificaban sueros y medicamentos hospitalarios, que eran enviados de Bolivia a Perú y Perú a Bolivia”, precisó el fiscal, citado en el comunicado.

Las medicinas falsificadas eran introducidas al mercado negro principalmente en Santa Cruz, El Alto y La Paz, las tres mayores ciudades de Bolivia, según el reporte. “La presunta cabecilla de este ilícito, Lidia P., cumple la detención preventiva en el penal de Miraflores”, una cárcel de mujeres en La Paz, indicó Villa. El Ministerio Público emitió una imputación formal por delitos contra la salud pública, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, entre otros, explicó el fiscal.

La detención a comienzos del pasado abril en Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, de supuestos implicados de una red de de falsificación de medicinas, la mayoría peruanos, desencadenó una serie de operaciones policiales en territorio boliviano para detectar fármacos adulterados.

Estas operaciones pusieron en entredicho la seguridad sanitaria en el país y la Fiscalía advirtió de que entidades públicas como la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed) y el Servicio Departamental de Salud de La Paz pudieron incurrir en incumplimiento de funciones, por la falta de control sobre la venta de medicinas.