El Departamento de Asuntos Internos de la Justicia de Mato Grosso deberá enviar informaciones detalladas del polémico evento, que tuvo el apoyo de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en ese estado, al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), institución pública que vela por el trabajo del sistema judiciario en el país.
El corregidor nacional de Justicia, magistrado Humberto Martins, instauró este jueves de oficio la petición para que el evento, denominado “Adopción en la pasarela”, en el Pantanal Shopping, sea investigado y los responsables procesados en caso de comprobarse la violación de los derechos de los menores.
De acuerdo con la CNJ, el evento en el que menores, en su mayoría adolescentes que nunca fueron adoptados, desfilaron ante el público para ganar “visibilidad”, fue autorizado por la jueza de Derecho de la Infancia Gleide Bispo Santos y contó con el apoyo de la Comisión de Infancia y Juventud de la OAB en Mato Grosso.
La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) divulgó un comunicado en el calificó el evento como un “retroceso al tiempo de la Conquista” y que “remitía” a las “ferias de esclavos”. “Hay varias otras formas y campañas para la adopción que no exponen los niños y adolescentes y que nos los vuelven a poner otra vez como víctimas”, apuntó la AJD.
Los organizadores, la OAB de Mato Grosso, y la Asociación Matogrossense de Investigación y Apoyo a la Adopción (Ampara) divulgaron una nota conjunta en la que afirman que el evento “nunca” tuvo como “objetivo” presentar a los menores para que se “concretara su adopción” y que ninguno de ellos fue “obligado” a desfilar.
“Los niños y adolescentes que desfilaron lo hicieron en compañía de sus padrinos o con sus padres adoptivos”, añadió el texto de la OAB regional, entidad que regula el ejercicio de la profesión de abogado en el país.
No obstante, para la AJD, el evento se apartó de lo estipulado en el Código del Menor, a pesar de la buena intención de “dar visibilidad a los niños y jóvenes entre cuatro y 17 años aptos para la adopción” y del aval de los propios menores, pero terminó “exponiéndolos” como “mercancía”.
El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, manifestó en una nota su “repudio” al evento y recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente “atribuye a la sociedad y al Estado el deber de proteger integralmente” a los menores en su “identidad y emociones”.
El Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, que también repudió el desfile, reafirmó su “compromiso con la garantía de los derechos” de los menores, “entre ellos el de adopción por medio de acciones que aseguren, prioritariamente, su bienestar” en este tipo de “situación”.