Los sospechosos portaban elementos acelerantes de fuego cuando fueron detenidos por agentes en las localidades de Chépica y Linares de la región del Maule (280 km al sur de Santiago), una de las más afectadas por estos incendios calificados por el gobierno como la catástrofe forestal más grande de la historia de Chile.
“Son casos de flagrancia, es decir, han sido detenidos con elementos acelerantes y por lo tanto se encuentran en una situación, del punto de vista procesal, completamente clara, de que estaban en una acción antijurídica”, afirmó el ministro del Interior, Mario Fernández, a medios locales.
Las detenciones van en línea con la tesis del gobierno sobre que estos incendios fueron provocados intencionalmente, agregó Fernández. Las autoridades investigan si uno de los arrestados fue el causante del siniestro que arrasó con la localidad de Santa Olga, que se saldó con un muerto, unos 4.000 evacuados y 1.200 viviendas destruidas el jueves a la madrugada.
Los incendios que afectan siete de las 15 regiones del país cobraron la vida de 10 personas, mientras que 5.000 fueron evacuados y 3.000 quedaron damnificadas. Las pérdidas económicas son enormes e incalculables, según el gobierno.
Más del 90% de los incendios en Chile son provocados por el hombre, pero en ellos también han incidido las altas temperaturas, que en el Maule superaron niveles históricos sobre los 40ºC, una sequía que afecta desde hace ocho años la zona centro-sur del país, y los fuertes vientos que propiciaron el rápido avance de las llamas.
A más de una semana de comenzada la emergencia, el fuego ha devorado 289.000 hectáreas de bosques, pastizales y sembradíos. Aún hay más de 142 incendios activos, de ellos, 51 han sido controlados, 77 se encuentran en combate y 14 fueron extinguidos, según el último informe de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).
La presidenta Michelle Bachelet decretó estado de catástrofe en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío y Araucanía. Más de 4.000 personas combaten el fuego, entre bomberos voluntarios, brigadistas (bomberos forestales) , carabineros, detectives, funcionarios públicos, militares y civiles, a quienes se suman cerca de un centenar de brigadistas extranjeros y unos 47 aviones y helicópteros.