“Se le ofreció al niño pagarle la pensión del colegio hasta que salga bachiller, darle un terreno y también una suma entre 5.000 y 15.000 dólares a los papás de este menor”, explicó el Fiscal General, Ramiro Guerrero, en conferencia de prensa.

La autoridad lamentó que los papás del menor (de alrededor de 10 años) se prestaran para esta situación. “La mamá era la que le enseñaba que diga quién era su padre, su madre y su supuesta hermanita”, añadió Guerrero.

Las personas detenidas son allegadas a Gabriela Zapata, expareja del presidente boliviano, detenida preventivamente por acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

Zapata acaba de revelar ante fiscales que el niño, fruto de la relación con Morales, falleció en 2009, enmendando una versión anterior, en la que aseguraba que el niño (nacido en 2007) estaba vivo.

Guerrero responsabilizó a los abogados de Zapata de haber diseñado la engañosa estrategia en la que incluso se preparó al menor para una entrevista con una cadena internacional que, al final, no fue emitida.

En esa oportunidad, “se le pone antifaz al niño para no ser identificado y las personas ingresan con capuchas”, precisó Guerrero, tras añadir que quien “contacta a estos periodistas es un abogado de ellos (Zapata) que hoy está detenido preventivamente”.

Los cinco detenidos están acusados de trata de personas, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa.

En febrero pasado, el periodista boliviano Carlos Valverde reveló el caso de la paternidad de Morales con la exejecutiva de la firma china CAMC, lo que sumió al gobierno en una fuerte crisis de credibilidad, pues dio varias versiones sobre el tema.

Evo Morales admitió la existencia de un niño, fruto de una relación sentimental, aunque él aseguró que falleció, mientras el vicepresidente Álvaro García y la Fiscalía General sostuvieron que el menor nunca existió.

A fines de abril el mandatario boliviano se sometió a una prueba de ADN, mientras los abogados de Zapata señalaron que ella se negó al examen y a presentar al hijo, pues exigió contratar a peritos de contraparte, por dudar de una oficina pública de medicina que realiza tales tareas.

El caso afectó la imagen del presidente Morales (en el poder desde 2006) quien acusó a la oposición de usar el tema en la antesala de un referendo popular en febrero pasado, cuando buscó sin éxito su reelección para un cuarto mandato consecutivo (2020-2025).