Los sondeos coinciden en que la oposición ya tiene votos más que suficientes para apartar por seis meses del poder a la primera mujer presidenta de Brasil, una exguerrillera de 68 años que gobierna la mayor economía latinoamericana desde 2011 y que acusa a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un “golpe moderno” en su contra.

El pleno de 81 senadores comenzará a sesionar a las 09:00 (12:00 GMT) para decidir si la presidenta debe ser sometida a un juicio político por haber cometido un “crimen de responsabilidad” al utilizar préstamos de bancos estatales para tapar agujeros del presupuesto durante su campaña a la reelección de 2014 y en 2015.

La presidenta aduce que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y que no cometió ningún “crimen de responsabilidad”, un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.

Si el Senado obtiene los 41 votos necesarios para juzgarla, Rousseff será apartada de la presidencia durante la duración del proceso, por un máximo de 180 días.

Temer, un exaliado del gobierno al que Rousseff acusa de traición, asumirá la presidencia de forma interina. Y si Rousseff es finalmente declarada culpable, Temer quedará al frente del país hasta 2018, fin previsto de su mandato.

La Cámara de Diputados ya aprobó el impeachment a mediados de abril por una abrumadora mayoría.

“El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018”, dijo Rousseff el martes de noche, ante miles de fervientes simpatizantes.

“Voy a luchar contra la destitución con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha” , prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985).

La batalla por la destitución de la impopular presidenta alcanza su auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, cuando Brasil atraviesa una recesión que se anticipa como la peor en un siglo y avanza en la mayor investigación por corrupción de su historia, enquistada en Petrobras, con decenas de políticos y poderosos empresarios en la mira.

Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fundado por su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, cuenta apenas con el 10% de apoyo de la población en medio de una contracción económica que el año pasado alcanzó el 3,8% del PIB, un creciente desempleo y una inflación de casi dos dígitos. Millones de brasileños se han volcado a las calles a pedir su salida.

Aislada, ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno, y ya no tiene en los brasileños más desfavorecidos la misma fuerza que en épocas de bonanza.

El gobierno está prácticamente paralizado a la espera de una definición sobre el impeachment, apoyado por un 61% de la población según los sondeos.

En un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder, el gobierno pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment.

La Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones de corrupción en su contra, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por “venganza” personal.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuestionó el martes la legitimidad del impeachment tras reunirse con Rousseff en Brasilia. Hay un “porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción”, dijo en un audio colgado en su cuenta Twitter.

Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento. Casi el mismo porcentaje que en la Cámara de Diputados.