Esto aumenta las posibilidades de que la batalla política sobre las finanzas del mandatario acabe en el Tribunal Supremo.
En una breve carta dirigida al jefe del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja, el demócrata Richard Neal, Mnuchin dijo que “no puede cumplir legalmente con su petición” de entregarle los registros financieros de Trump.
Neal había exigido al Tesoro que le entregara antes de hoy las declaraciones de impuestos de Trump, con el fin de identificar sus lazos empresariales y descartar que haya conflictos de interés en sus acciones.
El congresista demócrata reveló en un breve comunicado que había recibido la carta de Mnuchin y estaba evaluando cuál sería su próximo paso.
Neal tiene ahora la opción de recurrir a una citación judicial para forzar al Gobierno a entregarle los documentos o demandar al Departamento de Justicia, pero ambas alternativas generarían, según los expertos, una batalla en los tribunales que podría escalar hasta el Supremo.
Trump es el primer presidente estadounidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no publica cada año su declaración de impuestos, una tradición que sus predecesores consideraban parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas ante el pueblo.
El mandatario rompió con esa tradición ya durante la campaña electoral de 2016, cuando se negó a publicar su última declaración de impuestos con el argumento de que estaba sujeta a una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).
Al retomar el control de la Cámara de Representantes, el pasado enero, los demócratas aprovecharon sus nuevos poderes para solicitar las declaraciones de impuestos de Trump correspondientes a seis años, con el argumento de que el código fiscal de EE.UU. obliga a Mnuchin a “entregar” aquellos documentos fiscales que pida Neal.
El argumento de que sus impuestos están bajo auditoría puede servirle a Trump durante el resto de su mandato, dado que la declaración del presidente de EE.UU. se audita automáticamente cada año, pero, según expertos legales, no hay nada que impida al mandatario publicarla o entregarla al Congreso si quisiera.