La jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos Dana Sabraw otorgó a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) una orden judicial preliminar en una demanda presentada por las separaciones de las familias.

Más de 2.300 niños inmigrantes fueron separados de sus padres después de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó una política de “cero tolerancia” a principios de mayo, buscando enjuciar a todos los adultos que cruzaran la frontera ilegalmente, incluidos aquellos que viajaban con menores.

“Los hechos expuestos ante la corte describen respuestas reactivas del gobierno para abordar una circunstancia caótica creada por el mismo gobierno”, escribió Sabraw.

“Ellos contradicen una gobernanza medida y ordenada, que es fundamental para el concepto de debido proceso consagrado en nuestra Constitución”, agregó. La decisión de Sabraw podría obligar al Gobierno a lidiar rápidamente con la confusión que dejó la orden de Trump y a las agencias gubernamentales con la tarea de intentar reunir a las familias.

El gobierno puede apelar. La ACLU demandó en nombre de una madre y su hija de seis años, que fueron separadas después de llegar en noviembre pasado a Estados Unidos para buscar asilo y escapar de la persecución religiosa en la República Democrática del Congo.