Sekaanvand fue ejecutada esta mañana en la prisión central de Urmía, provincia de Azerbaiyán occidental, después de “confesar” en febrero de 2012 haber apuñalado a su marido, Hosein Sarmadi, para defenderse de sus continuos “abusos físicos y verbales”.

La joven fue condenada a muerte dos años después, pese a no tener abogado hasta el inicio del juicio y las diversas dudas sobre su “confesión”.

Amnistía Internacional califica la muerte de Sekaanvand como una noticia “horrible” y asegura que ésta fue víctima de un “juicio injusto”.

En un comunicado, el director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther, sostiene que lo sucedido es una “demostración repugnante del desprecio de las autoridades iraníes por los principios de la justicia juvenil y de los derechos humanos”.

“El hecho de que su sentencia de muerte siguiera a un juicio groseramente injusto hace que su ejecución sea aún más escandalosa”, lamentó hoy Luther.

El director recordó que Sekaanvand manifestó en vida que, “poco después de casarse a los 15 años, solicitó muchas veces la ayuda de las autoridades porque su marido era violento”.

Además, la joven aseguró, tal y como reiteró el portavoz, que “su cuñado la había violado repetidamente” y, sin embargo, “las autoridades sistemáticamente la ignoraron y no le brindaron ningún apoyo como víctima de violencia doméstica y sexual”.

“Después del asesinato de su esposo Zeinab Sekaanvand, dijo que fue interrogada bajo tortura por policías varones sin un abogado presente”, agregó Luther.

Durante el juicio, donde se le permitió por primera vez contar con un abogado, la acusada se retracto de su anterior “confesión” de haber asesinado a su marido y alegó que había sido “forzada a confesarlo”, explicó la ONG.

A pesar de esto, el juez se negó a ordenar una nueva investigación y la sentenció a muerte. Se trata de la quinta ejecución de un supuesto delincuente juvenil que AI ha registrado este año en Irán y la organización teme que no sea la última “a menos que la comunidad internacional tome medidas urgentes”.

AI sostiene que la ejecución de Sekaanvand incumple las obligaciones de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos ratificados por el país.

Los dos documentos prohíben estrictamente la imposición de la pena de muerte a las personas menores 18 años en el momento del crimen.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo, publicado el pasado mes de abril, desveló que en 2017 un total de 993 personas fueron ejecutadas. Una cifra que supone un descenso del 4% respecto al año anterior y del 39% en comparación con 2015.