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El Gobierno español justifica la aplicación de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña por la desobediencia de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y porque sus decisiones “atentan gravemente” contra el interés general de España.
Consta así en la exposición de motivos de las medidas que el Consejo de Ministros decidirá hoy para asumir funciones que ejercen los gobernantes catalanes y restituir el orden constitucional en esa región española frente al desafío independentista.
El Ejecutivo central acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
La reunión del Consejo de Ministros, presidido por el conservador Mariano Rajoy, comenzó poco antes de las 10:15 horas (08:15 GMT) para acordar las medidas, que el Senado aprobará el 27 de octubre.