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El juez federal a cargo del proceso, Claudio Bonadio, consideró a Rocca responsable de haber efectuado “pagos ilegales” al gobierno de la exmandataria (2007-2015).
Rocca había declarado ante el juez que es inocente y que sólo reclamó a Kirchner interceder ante el gobierno de Venezuela para que le pagaran en 2008 una indemnización por una empresa del grupo que fue expropiada.
Otra resolución del juez en la misma causa fue la de declarar el sobreseimiento de otro poderoso empresario, Marcelo Mindlin, con inversiones en energía.
Mindlin controla la empresa IECSA, que perteneció al presidente Mauricio Macri y su familia. Una de las firmas más favorecida por la obra pública durante el gobierno kirchnerista.
En la megacausa de corrupción están implicados decenas de hombres de negocios de la obra pública y exfuncionarios gubernamentales, algunos de ellos ya se encuentran detenidos.
Techint es una multinacional con inversiones en 45 países y casi 60.000 empleados. Es la firma que reina entre los fabricantes de tubos de acero para la industria del petróleo.
La fortuna de Rocca fue estimada en más de 6.000 millones de dólares por la revista Forbes en 2017.
Exfuncionarios del gobierno kirchnerista “diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal”, se indicó en la resolución del juez para procesar a Rocca.
Rocca negó el pago de sobornos. Pero ante el juez dijo que, en defensa de sus intereses, pidió que se convenciera al gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez de pagarle una reparación económica por una empresa expropiada.
El líder empresario dijo que la compañía sufría una emergencia por la expropiación de la siderúrgica Sidor. Dijo que había en aquel entonces un ambiente de “amenazas, violencia y militarización”.
Kirchner está procesada en la misma megacausa, con prisión preventiva pero exenta de estar en la cárcel debido a sus fueros de senadora.