Desde el sábado, cuando los uniformados se cruzaron de brazos para reivindicar un aumento salarial y se desató una descomunal ola de violencia, este estado del sureste de Brasil prácticamente se paralizó, pues comercios, escuelas, puestos de salud, supermercados y universidades cerraron sus puertas, en tanto que los propietarios de los autobuses los retiraron de las calles.

Pese a que los autobuses volvieron a circular el martes luego de que miembros del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad comenzaran a patrullar las calles, los conductores decidieron suspender nuevamente el servicio en protesta por el asesinato de un líder sindical y por las amenazas que dicen haber recibido.

El presidente del Sindicato de los Conductores de Autobuses de la ciudad de Guaraparí, Wallace Barao, fue asesinado a tiros en la mañana de este jueves poco después de salir en automóvil de su casa en Vila Velha, ciudad en la región metropolitana de Vitoria, la capital de Espírito Santo.

Los líderes sindicales de los conductores avisaron que solo volverán a trabajar cuando les garanticen la seguridad.

“El gobierno nos prometió seguridad. En algunos terminales de autobuses había tropas del Ejército pero en otras no. Algunos de los conductores fueron amenazados con armas. No podemos trabajar de esa forma”, afirmó el presidente del Sindicato de Conductores de Espírito Santo, Edson Bastos. Según el dirigente, hombres armados vienen amenazando a los conductores con prenderle fuego a sus vehículos en caso de que circulen.

Pese a que la secretaría regional de Seguridad Pública no ha divulgado datos sobre la violencia en los últimos días, el Sindicato de los Policías Civiles de Espírito Santo informó hoy de que las muertes violentas llegaron a 106 desde que comenzó la huelga de uniformados.

Este jueves otros 550 miembros del Ejército y 100 de la Fuerza Nacional de Seguridad se sumaron a los 1.200 militares que vienen patrullando las calles de Espírito Santo desde el martes.

La gobernación de Espírito Santo, que acusa a los policías de “chantajear” a la sociedad con su protesta, publicó la víspera un decreto por el que transfiere el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta el próximo día 16.

Familiares de los agentes mantienen bloqueadas las salidas de los cuarteles desde el sábado dado que los policías no pueden manifestarse ni hacer huelga porque están bajo el reglamento del Ejército.

La protesta responde a un reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo para los 10.000 agentes, que perciben un sueldo básico de 2.642 reales (unos 800 dólares) y llevan tres años sin aumentos.