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El Ejecutivo español inició este viernes el proceso legal para llevar a cabo, "antes de final de año", la exhumación del dictador, quien ostentó el poder en España desde 1939, hasta su muerte en 1975.
La fórmula elegida, un decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el que se quiere evitar eventuales recursos que la impidan, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los partidos más conservadores.
Mientras que el Gobierno, apoyado por el resto de formaciones de izquierda, considera que "no se puede perder ni un solo instante" para llevar a cabo la exhumación, ya que una democracia puede mantener a un dictador en una "tumba de Estado", el conservador Partido Popular (PP, centroderecha) y el liberal Ciudadanos, dudan de esa urgencia.
También la familia Franco ha criticado la manera elegida por el Gobierno para llevar a cabo la exhumación, ya que cree que se quiere hacer "por las malas y, ya veremos si saltándose la legalidad", algo que es compartido por la Fundación que lleva el nombre del dictador, que califica el decreto de "inconstitucional y un fraude de ley".
El decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno espera poder sacarlo adelante sin problemas, ya que el 11 de mayo de 2017 se ratificó una resolución que instaba al Ejecutivo -dirigido entonces por el conservador Mariano Rajoy (PP) –a exhumar los restos del dictador, con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra.
Aquella proposición no de ley, presentada por el Partido Socialista (PSOE), ahora en el poder, contó con el apoyo de la izquierda de Podemos y de Ciudadanos y la abstención del PP y de los independentistas catalanes de ERC, que ahora la apoyan. El Gobierno español considera que PP y Ciudadanos utilizan el decreto como "excusa" para oponerse a la exhumación, dada la diferencia entre la votación del año pasado, cuando el PP se abstuvo, pero nadie votó en contra, y la reacción de ahora. Pablo Casado, presidente del PP, ha criticado la "irresponsabilidad" del Ejecutivo de Sánchez porque, a su juicio, "reabre heridas superadas" en España para "ocultar su incapacidad para gobernar".
Para Albert Rivera, líder de Ciudadanos, la prioridad el Gobierno socialista "no pueden ser los huesos de Franco" ya que existen debates nacionales "más importantes" como el avance del independentismo en Cataluña.
El debate sobre la exhumación de los restos del dictador (1892-1975) se ha trasladado también a la calle y, desde que se vislumbró como una posibilidad real, se ha incrementado el número de visitas a su tumba, que en julio recibió casi un 50% más que en el mismo mes de 2017.
En la polémica han entrado un centenar de militares en la reserva y jubilados al publicar un manifiesto que exalta la figura militar de Franco, que ha suscitado el "rotundo" rechazo de otro grupo de profesionales castrenses en su misma situación. Lo cierto es que la Guerra Civil (1936-1939) y, sobre todo, la dictadura de Franco son motivo constante de controversia en España tras cuarenta años de democracia.
Las reivindicaciones a favor y en contra de esa figura y de su proyección política por diversos grupos van desde las reclamaciones para encontrar los restos de miles de desaparecidos durante la dictadura a otros como la polémica sobre mantener o no los símbolos de ese régimen militar que todavía persisten en algunos lugares.
El mayor de esos símbolos se ubica en la sierra madrileña, a unos 50 kilómetros al norte de la capital española, cerca de la localidad de San Lorenzo de El Escorial, y está dominado por una enorme cruz. Es el conjunto monumental del Valle de los Caídos.
Compuesto por una basílica y un mausoleo, que se abrió al público en 1959 y que tras la muerte del dictador ha sido objeto de polémica, sin que haya acuerdo en el debate sobre qué hacer con él. Construido entre 1940 y 1958 por presos republicanos que hacían así trabajos forzados, acoge los restos de miles de víctimas de la guerra civil, tanto del bando franquista como de la República, que en 1936 era el sistema político legal en España.