“Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.
El miércoles el gobierno de Ortega ordenó la expulsión de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargadas de investigar la represión de las manifestaciones que comenzaron en abril.
La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represiones violentas de las protestas que comenzaron en abril.
Los expertos señalaron que desde el inicio de sus labores, su trabajo se desarrolló “sin la cooperación del gobierno” y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores “representó una seria limitación”.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua -que han dejado unos 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades- se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma del seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Con respecto a la acción de la justicia internacional, Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos, aclaró que Nicaragua no forma parte del estatuto de Roma.
“Hoy Nicaragua no es parte de la CPI”, dijo el abogado durante la presentación del informe.
Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos locales, que “sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo” hubo al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.
La delegación denunció que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos”.
“Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos”, indicó Parenti.
Esta semana, el gobierno de Ortega acusó al Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI) y al GIEI de “injerencia” y “falta de imparcialidad y objetividad”, y los expulsó, por lo que el informe que iba a ser presentado en Managua fue difundido en Washington.
Esta decisión coincidió con la cancelación de la personalidad jurídica de algunas organizaciones locales y con el allanamiento de medios de comunicación independientes.
Este viernes, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticó severamente la expulsión por Nicaragua de las misiones.
Bachelet se lamentó que “no hay prácticamente ningún organismo independiente de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, después de que el propio Alto Comisionado fuera expulsado en septiembre.
El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump firmó una ley conocida como “Nica Act” que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Ortega.