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En un vídeo difundido en redes oficiales de la Municipalidad de Guatemala, Arzú expresó que “vivimos una situación de zozobra” porque las acciones del titular de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez “tienen un fin perverso”, utilizar la “investigación judicial para imponer una agenda política de izquierda”.
Según el alcalde y expresidente, ese “populismo lo conocemos muy bien” y es la izquierda que se ha dedicado a “crear división en América Latina” y que ha intentado “tomar el poder matando, secuestrando, chantajeando familias honradas”, pero que en Guatemala, en las urnas, “ha sido derrotada rotundamente”.
Arzú aseguró que su opinión no significa oponerse a la lucha anticorrupción e impunidad, pero agregó que hay una “diferencia abismal” a que “una turba populista” quiera aprovecharse del “sentimiento de indignación” y “buena voluntad” de los guatemaltecos.
El alcalde electo en hasta cinco oportunidades afirmó que el objetivo del grupo que apoya a Iván Velásquez, a quien calificó de “incompetente”, tiene como fin “tomar el poder por asalto”, lo que harían tras paralizar la acción del gobierno central y autoridades locales, “desprestigiando a quienes no compartimos ideología” a través de un “golpe de Estado con máscara de lucha contra la impunidad”.
“Hoy nadie se siente seguro en Guatemala”, producto de esta “situación arbitraria”, apuntó Arzú, pues “la certeza jurídica se ha perdido casi por completo”.
A decir del histórico funcionario, la Cicig “ha convertido el programa de protección de testigos en una farsa que se debería llamar programa de extorsión de testigos”, debido a la “incapacidad” de sus investigadores.
También echó en cara a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, defensoras del aborto “y destrucción de la familia” mediante “el populismo” con el cual hacen política, que hayan “pisoteado nuestro pabellón en pleno parque central el 15 de septiembre -Día de Independencia- para sustituirlo por una bandera rosada”.
Arzú ofrece este mensaje virtual de unos 7 minutos el día en el que Iván Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, presentaron el informe de diez años de trabajo de la Cicig en Guatemala, 4 días después de haber solicitado un antejuicio (desafuero) en su contra por peculado y financiación electoral ilícita.
El caso nombrado “Caja de Pandora” expone cómo el llamado “rey de las prisiones”, el capitán Byron Lima Oliva, asesinado en la cárcel en julio de 2016, elaboró propaganda electoral del partido de Arzú para los sufragios de 2015, los cuales fueron pagados con dinero público.
Según la investigación del MP y la Cicig, en la campaña electoral de 2015, la Cooperativa Torre Fuerte, que dirigía desde prisión Lima Oliva, fue contratada por la Municipalidad de Guatemala para hacer artículos de propaganda “por candidatos y partidos políticos”.