“El presidente Duterte es un defensor de los derechos humanos, pero al mismo tiempo cree que los derechos humanos no pueden servir de excusa para permitir que las drogas proliferen en el país”, dijo el portavoz de la Presidencia de Filipinas, Ernesto Abella, en un comunicado de prensa.
Abella indicó que Duterte es un abogado de carrera que conoce los límites de su poder, de la autoridad que emana de la Jefatura del Estado, de dónde acaba la legalidad y empieza la ilegalidad.
El portavoz de la Presidencia incluso citó la parte del discurso de investidura del mandatario, pronunciado el 30 de junio pasado, en la que afirmó que su compromiso con la ley es “inquebrantable”. Por su parte, la representante del Gobierno filipino ante las Naciones Unidas, Cecilia Rebong, aseguró hoy ante la ONU que el respeto de Filipinas por los derechos humanos es “rotundo e inflexible”.
Los comentarios del Gobierno de Filipinas responden a la crítica que hizo el martes el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra sobre la campaña contra la droga de Duterte.
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“El pueblo de Filipinas tiene derecho a instituciones judiciales imparciales que operan con las garantías del debido proceso y a una Policía que sirve a la Justicia”, dijo Zeid en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos. Zeid opinó que el “desprecio por las normas internacionales de derechos humanos” que ha manifestado Duterte “revelan un falta chocante de comprensión sobre lo que son las instituciones y los principios que mantienen a las sociedades seguras”.
Duterte ganó holgadamente las elecciones presidenciales de Filipinas celebradas el 9 de mayo de 2016 con un mensaje populista, en el que prometió acabar con la lacra de la droga en sus primeros seis meses de mandato.
Casi 3.000 supuestos narcotraficantes han muerto desde que empezó a gobernar, 1.466 en operaciones policiales y 1.490 a manos de grupos de “vigilantes”. De acuerdo con la Policía, más de 16.000 supuestos traficantes y consumidores han sido detenidos y 700.000 se han entregado a las autoridades, y se ha reducido el suministro de estupefacientes en un 90 por ciento.