La denuncia es por la supuesta participación de los acusados en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.

La Fiscalía se apoyó en un informe presentado por la Policía Federal, que halló indicios de que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma del decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto de influencia política de Temer.

Rodrimar ha sido señalada por los investigadores como una de las principales responsables por el pago de coimas a Temer, quien habría recibido unos 32,6 millones de reales (unos 8,3 millones de dólares) de dinero ilícito.

Los pagos de sobornos eran realizados a través de empresas de amigos de Temer, entre ellas una atribuida al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, quien llegó a ser preso en marzo y también fue denunciado hoy por la Fiscalía, en el último día antes del inicio del receso judicial.

La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración judicial con algunos acusados que apuntaron la participación del jefe de Estado.

Desde que asumió la Presidencia, a mediados de 2016, Temer ha sido objeto de diversas sospechas de corrupción que incluso, en dos ocasiones, llegaron a materializarse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema.

Sin embargo, en ambos casos, la Cámara de Diputados se negó a despojarle de sus fueros e impidió la eventual apertura de un juicio penal en su contra.

Según la legislación, la nueva denuncia también debería ser analizada por la Cámara de los Diputados, pero el proceso es dilatado y el mandato del presidente Temer finaliza el próximo 1 de enero, cuando será sucedido por el mandatario electo, Jair Bolsonaro.

Temer perderá entonces el fuero privilegiado, por lo que la denuncia, así como las anteriores investigaciones que fueron rechazadas por la Cámara de los Diputados, seguirá su curso en tribunales de instancias inferiores.