Se trata de una nueva escalada del caso Petrobras que asedia al gobierno interino a menos de un mes de su asunción.

El diario O Globo informó el martes que la fiscalía solicitó a la corte suprema encarcelar a Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial, y al senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer que renunció en mayo tras ser acusado de obstaculizar la investigación en la petrolera.

El procurador general pidió, asimismo, prisión domiciliaria para el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años, y que se le coloque una tobillera electrónica. “Todos fueron grabados intentando interferir en las investigaciones de ’Lava Jato’”, publicó O Globo, en referencia al nombre con el que se conoce la investigación para develar el escándalo que drenó miles de millones de dólares de Petrobras hacia partidos políticos.

También fue cursado un pedido para arrestar a Eduardo Cunha, jefe de los Diputados cuyo mandato fue suspendido por obstaculizar el proceso de investigación pero que siguió “interfiriendo en el comando de la cámara”, según detalló el periódico. Los diarios Folha de Sao Paulo y Estadao divulgaron la misma información, citando a O Globo, en base a una fuente sin identificar, y precisaron que la confirmaron por su lado. Ni la fiscalía ni la corte suprema confirmaron a la AFP los pedidos de prisión ligados a una causa que amenaza con implosionar al sistema político brasileño y a la que muchos comparan con el proceso “Manos Limpias” que tuvo lugar en Italia.

Las potenciales detenciones de estos cuatro políticos cercanos al presidente son una amenaza para el gobierno, que a un mes de haber llegado al poder aún lucha por estabilizarse en medio de cuestionamientos a su falta de legitimidad, escasa popularidad y sospechas de corrupción.

Calheiros, Cunha, Sarney y Jucá integran la cúpula del partido de centro PMDB, que condujo Temer hasta poco antes de asumir la jefatura de Estado tras la suspensión de Dilma Rousseff. La mandataria está siendo juzgada por el Senado, acusada de haber manipulado las cuentas públicas. El veredicto final está previsto para mediados de agosto, en plenos Juegos Olímpicos de Río-2016.

Calheiros divulgó el martes una nota donde asegura “que no practicó ningún acto concreto que pueda ser interpretado como una supuesta tentativa de obstruir la justicia” y calificó su pedido de arresto de “irracional, desproporcionado y abusivo”. La noticia también repercutió en la cámara de Diputados, donde el Consejo de Ética debate la eventual destitución de Cunha, figura clave del impeachment y némesis de Rousseff, por haber mentido a sus colegas al ocultar unas cuentas en Suiza supuestamente abastecidas con dinero negro de Petrobras.

El fiscal general “debería usar la misma regla para pedir la eventual prisión preventiva de miembros del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que estaban en el gobierno (de Rousseff)”, dijo el martes a periodistas Pauderney Avelino, del partido de derecha DEM, que apoya el impeachment.

La base de la solicitud del fiscal general Rodrigo Janot se basa en los audios de conversaciones telefónicas tomados secretamente por Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras. Machado grabó a los caciques del PMDB para documentar su confesión y colaborar así con la justicia a cambio de una reducción en su eventual condena.

Tras conocerse los primeros pasajes de las conversaciones, Jucá debió renunciar. A la semana siguiente cayó el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también grabado criticando la operación Lava Jato. Las llamadas “delaciones premiadas” han sido la base de la gigantesca investigación del caso Petrobras, que ocasionó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a la empresa que era el símbolo del futuro en Brasil. 

Por este proceso ya fueron acusados o detenidos grandes empresarios como Marcelo Odebrecht, que dirigía la constructora que lleva su nombre, y líderes políticos como José Dirceu, mano derecha de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) durante su primera presidencia.

El agravamiento de la crisis se da en el marco de una recesión económica que podría convertirse en la peor en más de 80 años. Los pedidos de prisión están hace al menos una semana en manos del ministro de la corte suprema Teori Zavascki, que investiga el escándalo, ya que la mayoría de los implicados tienen fueros y no pueden ser juzgados por la justicia común.