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A través de un comunicado, el organismo citó a audiencia de imputación de cargos a Marta Lucía Zamora, directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) , y a otros dos miembros de la entidad.
La diligencia judicial fue programada para el 16 de octubre. Zamora deberá responder por “asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales” .
La decisión cobija además a los contratistas July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, quienes también están presuntamente vinculados en irregularidades que terminaron favoreciendo a la exguerrilla y ahora partido FARC.
Los imputados, que pertenecen a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, ya habían sido escuchados en una indagación preliminar el pasado 12 y 13 de septiembre. Ninguno se ha pronunciado sobre la decisión anunciada este martes. Por su parte, Patricia Linares, presidenta de la JEP, recordó la importancia de garantizar la presunción de inocencia de las personas vinculadas al proceso y ratificó su colaboración para esclarecer los hechos.
“Estamos seguros que la Fiscalía (...) le dará la debida celeridad a esta investigación, necesaria para la materialización de la paz” , dijo Linares en un boletín obtenido por la AFP . En su momento, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que tenía evidencias de que que algunos funcionarios estarían encubriendo a exguerrilleros en supuestos incumplimientos con sus compromisos de paz.
Se “tiene evidencias de que algunos funcionarios (...) estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar” , señaló Martínez en una rueda de prensa a comienzos de septiembre. La denuncia se produjo un día después de que la Misión de Verificación de Naciones Unidas informara que seis dirigentes de las FARC habían abandonado las zonas donde se lleva a cabo el proceso de reincorporación socioeconómica de las tropas rebeldes.
Según la ONU, los líderes estarían incumpliendo con ello sus responsabilidades con el pacto de paz que puso fin a más de medio siglo de levantamiento armado. Creada a partir del acuerdo suscrito a finales de 2016, la JEP se ocupará de los casos que involucran a guerrilleros, paramilitaes y agentes del Estado en delitos atroces cometidos durante la confrontación que dejó cientos de miles de víctimas.
Quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha cuestionado la actuación del fiscal Martínez y lo ha acusado de pretender “desarticular la paz del país” , según Carlos Lozada, senador y otrora excomandante de la guerrilla.