SAN JOSÉ. El caso se refiere a la firma en 2008, cuando Arias era presidente, de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, en la zona norte del país.
La mina nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues el proyecto fue cancelado por instancias judiciales en 2010 debido a irregularidades en los permisos otorgados a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, facilitados por los decretos.
Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017.
“Estudiamos la resolución (de sobreseimiento) y hemos tomado la decisión de presentar un recurso de apelación, porque sabemos de manera indubitable que la acción penal no está prescrita y por eso vamos a recurrir al tribunal de juicio”, declaró Navas.
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El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José notificó el jueves de la decisión de dictar un sobreseimiento para Arias y justificó en que la causa prescribió, por lo que no será llevado a juicio.
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Según Navas, el juzgado determinó que "pese a que habían elementos de juicio que en la investigación permitían vincular al expresidente Arias con los hechos imputados, consideró que estaban prescritos porque no se había hecho una indagatoria”.
El Ministerio Público no comparte este criterio y presentará la apelación en los próximos días con el objetivo que el caso sea elevado a juicio. La defensa legal de Arias anunció en un comunicado la noche del jueves el sobreseimiento y se mostró “complacida”, pues afirma que “los hechos están prescritos desde hace tiempo y donde claramente no existe ningún delito”.
En agosto pasado, la Fiscalía General de Costa Rica acusó a Arias por el delito de prevaricato, que se refiere a la emisión de resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos y que estipula penas de cárcel de entre dos y seis años.