“#LoÚltimo: Luego de 11 horas de conversaciones, Fiscalía logra acuerdo con Odebrecht para obtener información y pago #CasoOdebrecht”, señaló el Ministerio Público en un mensaje publicado en su cuenta en la red social de Twitter.
En Perú, la empresa pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado la semana pasada por Odebrecht con el Departamento de Justicia de EE.UU.
El lunes pasado, el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, y el fiscal anticorrupción Hamilton Castro anunciaron que el Ministerio Público hacía las negociaciones para conseguir la información sobre los sobornos y un pago de la constructora brasileña.
Los fiscales señalaron, en rueda de prensa, que la entrega de información permitiría acortar el tiempo de la indagación que se hace sobre el caso y aclararon que el pago inicial que se solicitaba no debía ser confundido con la eventual indemnización que deberá entregar la empresa.
“Esta entrega de dinero es muy importante, porque así no se ha procedido en Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde recién al final de los procesos de terminación anticipada se pagó”, remarcó Castro.
Tras el pronunciamiento de la Fiscalía, Odebrecht reiteró, en un comunicado, su compromiso y cooperación con las investigaciones en curso en Perú, y añadió que seguirá haciendo reformas integrales en su organización, incluida la implementación de un nuevo Sistema de Conformidad Anticorrupción.
El caso Odebrecht también será investigado por una comisión del Congreso, que será presidida por el parlamentario fujimorista Víctor Albrecht.
La llamada “Comisión Lava Jato” tendrá 180 días de plazo para cumplir con el encargo dado el pasado 10 de noviembre por el pleno del Congreso.
La moción aprobada en noviembre especificó que la misión del grupo será “investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios y servidores públicos de los diferentes niveles de Gobierno”.
Esto, precisó, “en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado Peruano”.
El tema volvió al primer plano después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informó a fines de diciembre que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Brasil, para obtener contratos públicos.
El primer ministro peruano, Fernando Zavala, anunció el miércoles que Odebrecht no podrá volver a participar en una licitación en el país y que “en las obras en ejecución” se va “a asegurar la continuidad del servicio, mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.