El Ministerio Público de Sao Paulo acusó a Haddad por corrupción con base en una confesión realizada por el empresario Ricardo Pessoa, expresidente de la constructora UTC Ingeniería.

Según la denuncia, la constructora UTC habría pagado una deuda de 2,6 millones de reales (alrededor de 626.500 dólares) de la campaña de Haddad en 2012, en la que el político disputaba la alcaldía de Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. El dinero, de acuerdo con la Fiscalía, fue entregado en 2013 por el cambista Alberto Youssef, un nombre conocido en las investigaciones del caso Petrobras, mediante contratos ficticios firmado con tres empresas gráficas.

En el marco de esa investigación, la Fiscalía ya denunció el pasado agosto al exministro de Educación por enriquecimiento ilícito. Haddad fue registrado en agosto como el compañero de fórmula de Lula para las elecciones presidenciales de octubre, pero podría asumir la candidatura del Partido de los Trabajadores (PT) después del veto de la Justicia impuesto a su máximo líder.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló el pasado sábado la postulación de Lula y dio un plazo de diez días al partido para nombrar a su sustituto, lo cual lleva la fecha al 11 de septiembre. No obstante, Haddad, quien se ha alzado como el portavoz de Lula en las calles, ha insistido en la candidatura de su padrino político y dijo que el PT presentará recursos ante la Corte Suprema y la ONU para que le garanticen al exmandatario la posibilidad de disputar las elecciones.

La estrategia, sin embargo, puede ser arriesgada, ya que si el PT no presenta al sustituto de Lula a más tardar el 11 de septiembre podría quedar fuera de la contienda electoral, la más incierta de las últimas décadas.

Desde la cárcel, Lula lidera las encuestas de intención de voto con alrededor de un 40% de apoyos, casi el doble que el ultraderechista Jair Bolsonaro, el segundo situado en las encuestas, mientras que su protegido no alcanza de momento el 8% en los sondeos.