RÍO DE JANEIRO. La Operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la Policía de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, comentó que 101 personas que están amparadas por fueros responden a acciones penales relacionadas con la operación judicial Lava Jato, que mañana completa cuatro años.

Son “personas con un fuero privilegiado, que tienen relación con fondos públicos de alto nivel dentro de la administración pública brasileña” y que responden a acciones penales vinculadas con la Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, precisó Dogde.

La fiscal se encuentra en la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, donde se celebra una reunión de trabajo de funcionarios del Ministerio Público Federal que actúan en la Lava Jato, que desde 2014 investiga corruptelas en la estatal Petrobras (Petrolão) y luego amplió su radio de acción a casi todos los sectores públicos del país.

Sobre los acuerdos de colaboración judicial, que han sido pieza clave en el desarrollo de las investigaciones que han puesto tras las rejas a cientos de políticos y altos ejecutivos de Brasil y de otras naciones, la fiscal señaló que continúan siendo utilizados, pero con la exigencia de pruebas.

Sobre los 134 acuerdos de delación que fueron enviados al Supremo, Dodge dijo que si bien estas colaboraciones con la Justicia ayudan a destrabar crímenes, hay que “exigir” que los colaboradores “presenten claramente las pruebas de lo que afirman”.

De acuerdo con cifras presentadas  por la fiscal, esos acuerdos también prevén la devolución a los cofres públicos de 2.700 millones de reales (unos US$ 843,7 millones).

“Hasta el momento, hemos conseguido recuperar 150 millones de reales (unos 46,8 millones de dólares)”, precisó Dodge, quien dijo que aún hay dinero que está fuera del país.

Según la fiscal, desde que comenzó la operación Lava Jato se han realizado 4.600 acciones ante el Superior Tribunal Federal, lo cual resulta en un “promedio de siete peticiones diarias”.

Dentro de los procesos que se adelantan, la fiscal dijo que 12 corresponden a gobernadores de diferentes estados de Brasil en ejercicio, tres de los cuales fueron denunciados ante el Supremo Tribunal Federal. “Es un número impresionante”, aseguró.

En el proceso se destapó una red de corrupción en Petrobras, así como un sinfín de desvíos que alcanzaban a casi todos los partidos políticos. Después de tres años de investigación, el caso ha salpicado a más de una docena de países de la región y en Brasil ha dejado cientos de detenidos involucrados en un esquema de pago de sobornos por contratos, que van desde altos ejecutivos de empresas constructoras y directivos de Petrobras hasta miembros de la cúpula del poder.

Solo en la primera fase de la investigación se detectaron desvíos por más de US$ 2.000 millones.