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Las partes se reunieron por tercera ocasión en las últimas dos semanas, con el objetivo de reiniciar las negociaciones que concluyeron el 3 de abril pasado sin que lograr pasos reales hacia una salida de la crisis. Las negociaciones concluyeron hace casi un mes con la firma de acuerdos en 2 de 4 grandes temas.
Los dos temas en los que sí hubo acuerdo consisten en que el Gobierno libere de los “presos políticos” y respete la Constitución en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
Los temas que quedaron pendientes son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno de la democracia en Nicaragua.
Las últimas reuniones fueron organizadas por los “testigos y garantes”, de dichas negociaciones, quienes han presentado una propuesta para convencer al Gobierno de que cumpla con los compromisos adquiridos. Los “testigos y garantes” de la negociaciones son el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay, Luis Ángel Rosadilla, quien representa a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Miembros de la Alianza Cívica informaron esta mañana que la propuesta de Sommertag y Rosadilla consiste en establecer un calendario que permita la libertad total de los denominados “presos políticos” en mayo, y acelerar el respeto del Gobierno por la Constitución.
La reunión de este jueves se hizo necesaria, debido a que el Gobierno afirma cumplir con sentarse en la mesa de negociaciones, pero una vez en el lugar se niega a aceptar que el proceso avance, según ha informado la Alianza Cívica.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
En medio de la crisis unas 809 personas permanecen capturadas como “presos políticos”, que la oposición llama “rehenes”, y que Ortega, quien reconoce 468, califica de “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”. La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.