“El Gobierno de EE.UU. manifestó a los solicitantes (del DACA) que la información personal que proporcionasen no se utilizaría para aplicar leyes migratorias con la excepción de que se determinase que un caso representa una amenaza para la seguridad pública o nacional”, explicó Johnson en una misiva divulgada hoy.

La carta, fechada el 30 de diciembre, está dirigida a más de un centenar de congresistas que a principios del pasado mes pidieron a Johnson que utilizara todo su poder para proteger a los 750.000 indocumentados beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) que dieron todo tipo de información personal en el proceso.

El programa DACA beneficiaba a los jóvenes indocumentados llegados a Estados Unidos de niños y quedó bloqueado el pasado año por el Tribunal Supremo de EE.UU.

El Supremo también bloqueó el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que frenaba la deportación de los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente.

“Creemos que esas manifestaciones hechas por el Gobierno de EE.UU., en las que muchos solicitantes del DACA confiaron, deben seguir cumpliéndose”, añadió el secretario de Seguridad Nacional en la carta.

Johnson dijo también que la práctica de no utilizar los datos de solicitantes de alivio migratorio para deportaciones ha sido una “constante” en el DHS “por décadas”.

Varios congresistas demócratas recibieron con decepción la carta de su colega Johnson, ya que consideraron que una petición de este tipo al nuevo presidente “se queda corta” y no es suficiente para proteger a los jóvenes indocumentados de la deportación.

“Estamos preocupados por las acciones del presidente entrante, que se ha expresado contra las normas y los precedentes”, dijo la representante Judy Chu, que pidió “una orden ejecutiva para brindar mayor seguridad a los inmigrantes indocumentados que confiaron” en el Gobierno de Obama.

“Sin esa garantía legal, los inmigrantes que creyeron en nuestra promesa de seguridad son dejados a los designios de Trump”, añadió.

La representante Lucille Roybal Allard, por su parte, alertó que “la Administración Obama termina el 20 de enero”, por lo que insistió al presidente a que tome medidas extraordinarias para proteger a los “dreamers”.

Trump afirmó durante la campaña electoral que los “soñadores” serían deportados, igual que el resto de indocumentados que viven en el país (unos 11 millones).

Sin embargo, después de ganar las elecciones del 8 de noviembre expresó un mensaje más conciliador y dijo que la decisión que tome -que no concretó- hará que la gente esté “contenta y orgullosa”.

“Los trajeron aquí muy jóvenes, han trabajado aquí, han estudiado aquí. Algunos han sido buenos estudiantes. Algunos tienen trabajos maravillosos. Y están en una tierra de nadie porque no saben lo que va a pasar”, reconoció el presidente electo a la revista Time.

En una línea parecida, Johnson recordó que muchos de los “dreamers” han logrado “matricularse en la universidad, terminar sus estudios, empezar negocios y ayudar a mejorar la economía”.

“Seguimos beneficiándonos como país de las contribuciones de estos jóvenes”, añadió el titular de Seguridad Nacional.