“Había un plan de fuga. Entonces es necesario investigar si en realidad toda la confusión y las muertes ocurrieron para que los líderes (de una facción criminal que opera dentro de la cárcel) pudieran escapar o no”, afirmó en rueda de prensa desde Brasilia.

Alertado sobre la posibilidad de fuga, el gobierno local reforzó la seguridad, pero no notificó a las autoridades federales sobre esos planes, aunque tampoco tenía la obligación de hacerlo, precisó Moraes.

La policía investiga la masacre como una “venganza” entre facciones rivales que se disputan el control del narcotráfico en la estratégica región de Amazonas, próxima a Colombia, Perú y Bolivia: el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de Sao Paulo, y el grupo local Familia del Norte (FDN), que habría tomado revancha contra el primer grupo.

El martes por la noche, 36 cuerpos habían sido identificados en un proceso que podría demorar semanas en completarse debido a la brutalidad de los asesinatos. La mitad de los fallecidos fueron decapitados, según la policía científica.

El gobierno del estado de Amazonas reportó la fuga de 112 presos del Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) -donde estalló el motín entre el domingo y el lunes- y de 72 internos del Instituto Penal Antonio Trindade (Ipat), una unidad de detención preventiva dentro del mismo recinto, en la periferia de la capital estatal, Manaos.

Según las últimas informaciones, 58 de estos 184 fugitivos fueron recapturados.

Un vasto dispositivo de búsqueda fue montado en la región, con agentes bloqueando las principales vías de acceso a las prisiones.

El motín fue contenido 15 horas después, cuando ya se había convertido en la mayor matanza cometida en una prisión de la Amazonía. Es, además, la peor masacre en una prisión brasileña desde la del presidio de Carandirú, en 1992 en Sao Paulo, cuando una operación policial para controlar un motín acabó con 111 presos muertos.