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“Hemos iniciado la ocupación temporal de 21 mataderos públicos y privados por 180 días prorrogables”, anunció a la prensa el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami.
El funcionario señaló que los propietarios de esos establecimientos violaron la “política de precios acordados”, con la cual se busca frenar el altísimo costo de vida, lo que denunció como un “boicot”.
El gobierno de Nicolás Maduro asegura haber pactado los precios de varios productos básicos, pero la gremial Consecomercio sostiene que las negociaciones se limitaron a un sector empresarial e ignoran los costos de producción.
Un kilo de carne cuesta cerca de 2.000 bolívares, frente a un salario mínimo de 1.800 que a partir de este sábado será incrementado a 4.500 bolívares.
El nuevo sueldo equivale a 50 dólares a la tasa oficial y a unos 10 dólares a la del mercado negro, marcador dominante ante la sequía de divisas que monopoliza el gobierno socialista.
Según estudios privados, el consumo de proteína animal ha disminuido dramáticamente a raíz de la crisis económica, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que, según el FMI, llegará a 1.350.000% este año y a 10.000.000 en 2019.
La Encuesta de Condiciones de Vida -realizada por las principales universidades del país- reveló que en 2017 seis de cada diez venezolanos (64%) perdieron en promedio 11 kilos de peso “por hambre”.
Según el vicepresidente, la ocupación de los mataderos busca evitar el desvío de carne a especuladores o su contrabando.
Autoridades venezolanas aseguran que parte del producto termina en la vecina Colombia, donde se vende más caro.
En agosto pasado, al poner en marcha una serie de medidas para paliar la crisis, el gobierno lanzó una ofensiva de fiscalizaciones, con policías y militares, en empresas de alimentos, supermercados y otros comercios.
Maduro lanzó ese plan tras admitir el fracaso de su modelo de producción.
Las autoridades prevén destinar la carne a los “Clap”, programa de venta de alimentos subsidiados a través del Carnet de la Patria, una tarjeta electrónica que la oposición considera un mecanismo de control social.
Durante los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, cientos de empresas han sido ocupadas o expropiadas.
La oposición asegura que, en manos del gobierno, han terminado en la quiebra agravando el desabastecimiento.
Según la Federación Nacional de Agricultores, los excesivos controles a la economía han provocado que el sector agrícola apenas abastezca el 25% del consumo nacional, tras aportar 75% en el pasado.
La industria, por su parte, funciona a un 30% de su capacidad, de acuerdo con la privada Conindustria.