A juicio del Observatorio, integrado por el Centro de Reportes Informativos de Guatemala (Cerigua), la Asociación de Periodistas de Guatemala, y la Procuraduría de Derechos Humanos, la situación actual de la prensa en Guatemala “continúa igual” que en 2017, aunque mejoró con respecto a 2016, cuando se registraron más de medio centenar de amenazas y agresiones a informadores.

El coordinador de esta entidad, Héctor Coloj, explicó este viernes en una rueda de prensa que la mayoría de los asesinatos de periodistas este año han estado vinculados al trabajo de comunicadores de las víctimas. Coloj dijo que uno de los crímenes que llamó la atención fue el del periodista Laurent Castillo, colaborador de Nuestro Diario, que atribuyó al crimen organizado.

Castillo, quien llevaba cinco años de ejercer la profesión en el departamento occidental de Quetzaltenango, fue encontrado maniatado y con un disparo en el cráneo el 1 de febrero pasado en una finca del departamento sureño de Suchitepéquez, indicó Coloj. “El crimen fue cometido con saña”, sostuvo sin entrar en mayores detalles debido a que el caso sigue en reserva judicial.

Coloj dijo que de enero a octubre pasado el Observatorio registró 37 denuncias que incluyen los asesinatos, amenazas de muerte, intimidaciones, agresiones tanto físicas como verbales y ataques cibernéticos contra medios de comunicación.

Entre las amenazas mencionó el caso de la periodista Rolanda García, de la cadena Telesur, quien, dijo, fue advertida por supuestos empleados de una hidroeléctrica en el departamento norteño de Alta Verapaz de que sería violada y luego su cadáver sería lanzando a un río. “Casos como este remarcan la violencia a la que se encuentran expuestos los comunicadores, sobre todo en el área rural, donde la presencia del Estado es escasa”, subrayó Coloj en la presentación del informe, con motivo de conmemorarse este viernes en Guatemala el Día del Periodista, establecido por el Congreso en 1972.

También criticó al Gobierno del presidente Jimmy Morales por no aprobar el Programa de Protección a Periodistas, y al Organismo Legislativo por intentar limitar el acceso a los comunicadores al Congreso. Según el Observatorio de Periodistas, estas acciones “no son aisladas” sino forma parte de una “estrategia planificada” en contra de este sector por denunciar los desaciertos en esos dos poderes del Estado.