Los migrantes, todos centroamericanos excepto uno de origen mexicano, “fueron localizados en seis casas de seguridad” de la ciudad de Matamoros por personal del ejército mexicano con apoyo de la Coordinación Estatal Antisecuestros, informó en un comunicado el Grupo de Coordinación Tamaulipas, integrado por fuerzas estatales y federales de Seguridad.
En México se suele llamar “casas de seguridad” a los lugares en los que las bandas criminales mantienen cautivos a personas que secuestran.
Sin embargo, las autoridades señalaron que varios de los centroamericanos pagaron hasta 4.000 dólares para que los llevaran, en camiones de carga, a esas casas desde la frontera sur con Guatemala.
Los operativos para dar con los migrantes se iniciaron a partir de una llamada anónima desde la noche del viernes hasta el sábado por la tarde, aseguraron las fuerzas de Seguridad, que arrestaron a seis personas como “probables responsables del delito de tráfico de personas y los que pudieran derivar” .
Según fotos difundidas por las autoridades, al menos una de las casas estaba rodeada de una barda de madera que impedía observar al interior de la propiedad. Algunas de las habitaciones lucían sucias, con ropa y objetos esparcidos en el suelo y con las ventanas cubiertas con sábanas o cortinas. “Ahí se encontró a los migrantes en situación de hacinamiento”, aseguró el Grupo de Coordinación Tamaulipas. Entre los centroamericanos, que fueron conducidos ante autoridades migratorias, hay 128 guatemaltecos, 86 hondureños, 11 salvadoreños y tres nicaragüenses. De ellos, 109 son menores de edad.
Tamaulipas es territorio disputado por varios cárteles narcotraficantes, entre ellos el cártel del Golfo y el de los Zetas. Además del trasiego de drogas, estas bandas criminales se financian de extorsiones, robo de combustible a la estatal Pemex y secuestros contra pobladores o migrantes. En 2010, el sanguinario cártel de los Zetas asesinó en Tamaulipas a 72 migrantes, la gran mayoría procedentes de América Central, porque rechazaron ser reclutados o no pudieron pagar por su libertad.
Más de 500.000 personas cruzan irregularmente la frontera sur de México cada año, según datos de Naciones Unidas. El sábado, 153 indocumentados fueron detenidos en Jalisco y Veracruz. Amnistía Internacional (AI) denunció en enero que las autoridades migratorias de México deportan ilegalmente a miles de centroamericanos sin considerar los riesgos letales que corren en sus países de origen.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido desde que asumió el poder en construir un nuevo muro fronterizo para detener la inmigración ilegal que llega desde México.