“Las palizas y la violación de los derechos humanos de los arrestados son prácticas extendidas en la India, nadie va a negar eso”, dijo a Efe Jayshree Bajoria, autora del informe publicado hoy que analiza a fondo 17 de estos casos con el título “El fracaso de la India en terminar con los asesinatos en la custodia policial”.
Según datos oficiales recogidos por HRW, al menos 591 personas fallecieron entre 2010 y 2015 mientras permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad indias, unas muertes que las autoridades habitualmente achacan a causas naturales, suicidios o enfermedades y no a abusos policiales.
“Los oficiales llevan a cabo estos abusos para obtener una confesión y habitualmente se cubren unos a otros y dicen que se trata de una muerte natural. Es un problema de índole nacional”, dijo Bajoria, que ha investigado este asunto durante el último año y medio.
La autora señaló que es “imposible” conocer exactamente el número de muertes que han tenido lugar en el país asiático a consecuencia de estas torturas, que a menudo se ceban con víctimas pobres y con un bajo nivel cultural. A su juicio, las soluciones para acabar con estas prácticas ilegales pasan por acabar con la impunidad y aplicar de manera estricta los protocolos existentes durante las detenciones.
“Los policías que cometen este tipo de actos deben ser castigados, si no ellos mismos o sus compañeros lo volverán a hacer en el futuro”, reflexionó la investigadora. Además, la India debe acometer algunos cambios legislativos para prevenir esta lacra, como poner en marcha una Ley de protección de testigos, de la que ahora mismo carece.
“A menudo las familias de las víctimas que quieren denunciar son intimidadas, sufren amenazas o acoso. Hay que protegerlas de alguna manera”, señaló Bajoria.
Según las cifras de la Oficina Nacional de Registros de Delitos recogidas por HRW, 97 personas murieron en la India durante el año pasado mientras permanecían bajo custodia policial, de los que sólo 6 fallecieron a causa de asaltos policiales.
Sin embargo, en muchos casos las familias de los fallecidos alegan que se produjeron tras torturas por parte de las fuerzas de seguridad. Pese a haber suscrito la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la India aún no ha ratificado ni implementado este tratado para prevenir los abusos policiales.