Los madereros ilegales, al mando de un hombre identificado como Abraham Taguada, entraron en la comunidad nativa de Meantani armados con escopetas y armamento de guerra, y aseguraron que matarían a todos sus habitantes si los encontraban en una próxima excursión.

El objetivo de los madereros era recuperar un cargamento de madera ilegal extraído de los territorios de la comunidad nativa y decomisado recientemente por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en una inspección a la zona.

Argumentaron que tienen la autorización de las bases militares de Canaire y de Pichari, ubicadas en las cercanías, para apropiarse del territorio de los asháninkas.

La incursión de los madereros ilegales sucedió el viernes 3 de febrero, después de que lanzaran varias amenazas en radios locales de los municipios de Sivia, Lochegua y Pichari, situados en provincias selváticas de las sureñas regiones de Ayacucho y Cuzco.

Meantani está en la céntrica región Junín, dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) , una zona bajo control militar por albergar los últimos remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y tener casi la mitad de los cultivos ilegales de hoja de coca de Perú, materia prima para elaborar la cocaína.

La comunidad nativa se encuentra en proceso de titular su territorio pero la Dirección Regional de Agricultura de Junín, encargada del trámite, bloqueó la solicitud tras la oposición presentada por los madereros a través de la asociación Señor de Lurén.

Los madereros alegaron que habitan ese territorio y poseen granjas, lo que según la CARE es falso y fue constatado por los técnicos de Serfor en su visita.

Meantani se vio fuertemente afectada por la violencia acontecida durante la subversión de Sendero Luminoso contra el Estado peruano, lo que obligó a los nativos a huir de sus tierras, y hasta hace pocos años se resistían a regresar por tratarse de un territorio donde continuamente hay tráfico de droga y madera, según CARE.

Sendero Luminoso es el causante de la mayoría de los más de 69.000 muertos que dejó el conflicto interno con el Estado peruano desde 1980 hasta 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) .

El informe señaló que los senderistas son culpables del asesinato de 6.000 asháninkas, además de mantener en condiciones de esclavitud a otros 5.000 miembros de esa etnia y desatar una feroz persecución que obligó a desplazarse forzosamente a entre 30 y 40 comunidades.