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La investigación concluye que el terrorista podía haber sido detenido antes del ataque por distintos delitos.
El ex fiscal federal Bruno Jost, encargado por el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín de investigar el atentado de forma independiente, presentó hoy su informe final y dejó clara la descoordinación de las autoridades a la hora de vigilar al autor del atentado, el tunecino Anis Amri.
Clasificado como islamista peligroso y con una orden de expulsión el país pendiente tras denegarse su solicitud de asilo, Amri podía haber sido detenido y encarcelado “muy probablemente” antes del atentado por tráfico de drogas y falsificación de documentos, según su exposición.
El informe muestra, por ejemplo, que Amri llegó a ser vigilado varias semanas por las fuerzas de seguridad de Berlín, pero sólo de lunes a viernes; no hubo observación de sus movimientos ni durante los fines de semana ni días festivos.
“Se hizo mal todo lo que se podía hacer mal”, señaló el exfiscal, quien, no obstante, recuerda en su informe las especiales circunstancias de 2015 y 2016 con la crisis de los refugiados y la sobrecarga de trabajo de las administraciones.
En sus conclusiones habla de “errores, negligencias, irregularidades y deficiencias organizativas y estructurales de distinta gravedad en casi todas las áreas”, aunque advierte que ello no significa que siempre hubiera comportamientos incorrectos individuales.
La investigación de Jost confirma las sucesivas y polémicas informaciones que se han ido publicando desde que se identificó a Amri como el conductor del camión que irrumpió el 19 de diciembre en un concurrido mercado navideño del centro de Berlín y atropelló a decenas de personas.
El tunecino, abatido días más tarde en Milán (Italia), había usado varias identidades distintas en Alemania y la desconexión de las distintas administraciones territoriales dificultó su vigilancia, detención y deportación, según se refleja en el informe, que constata, por ejemplo, que se tomaron sus huellas en varias ocasiones y se archivaron en papel, no digitalizadas.
Según la primera versión oficial, no se ejecutó la orden de expulsión al faltar documentación que debía enviar Túnez, pero este país había pedido que se le remitiera la huella de la mano del sospechoso y no la recibió, a pesar de que la policía la tenía registrada.
El informe de Jost no sólo critica la actuación de las autoridades de Berlín, sino también la de otros estados federados en los que residió o se movió Amri y de organismos federales, por lo que el titular de Interior de la ciudad-estado, Andreas Geisel, exigió que se cree una comisión de investigación en el Bundestag (Cámara Baja).