BRASILIA. La decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como “tránsito en juzgado” , que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.

En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello pudiera beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.