La decisión del magistrado Friedman Anderson Wendap, del tribunal federal de primera instancia de Curitiba, donde se concentran la mayoría de los procesos de la trama corrupta en la petrolera estatal, llega como consecuencia del acuerdo de colaboración existente entre 77 exdirectivos de la constructora y la Justicia.
La Justicia se pronunció a raíz de un pedido de la Fiscalía que solicitaba “el levantamiento de cualquier restricción que recayera sobre los respectivos patrimonios” de Odebrecht tras las delaciones premiadas realizadas por antiguos ejecutivos de la compañía a cambio de una reducción de las eventuales penas.
El bloqueo, solicitado en noviembre pasado por Abogacía General del Estado, fue decretado para garantizar el resarcimiento por el daño hecho a las arcas públicas, después de que el Tribunal de Cuentas de la Unión apuntara un exceso de facturación de 2.100 millones de reales (unos 682 millones de dólares) en una obra.
Este es el primer resultado que obtiene el grupo brasileño, en primera instancia, desde la homologación de las declaraciones confesas, cuyo contenido se encuentra bajo un estricto secreto de sumario.
Los testimonios detallarían con todo lujo de detalles, según filtraron medios locales, el pago de sobornos a unos 200 políticos a cambio de que estos legislasen a favor de la empresa, en un escándalo que ha salpicado al presidente brasileño, Michel Temer, y a algunos de sus ministros, entre otras figuras relevantes.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó en diciembre pasado unos documentos que desvelaron que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Las investigaciones iniciadas a raíz de esas informaciones han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela; y Colombia, Juan Manuel Santos.
Además de pedir disculpas públicamente, Odebrecht anunció en diciembre la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
Los procuradores de Justicia de once países en los que operó Odebrecht acordaron este jueves en Brasilia establecer “ la más amplia, rápida y eficaz cooperación ” sobre los asuntos de corrupción en que se implicó ese esa empresa brasileña.