En su decisión, el juez Gustavo Gomes Kalil sostiene que “la filtración del contenido de la investigación es de veras perjudicial, pues expone datos personales de los testigos, así como perjudica el buen avance de las investigaciones, obstaculizando la dilucidación de los crímenes”, informó el periódico O Globo este sábado.

El magistrado tomó la decisión motivado por un pedido de la Policía Civil y la fiscalía de Rio de Janeiro, que están a cargo del caso. La emisora afirma que accedió al contenido de las investigaciones la semana pasada y emitió dos reportajes “evitando divulgar algo que pudiese poner mínimamente en riesgo a los testigos o las investigaciones” , siguiendo sus principios editoriales.

Añade que respetará la orden judicial pero intentará revertirla en otros tribunales por considerar que “hiere gravemente la libertad de prensa y el derecho del público a informarse, especialmente cuando se toma en cuenta que el crimen investigado es de alto interés público, en Brasil y en el exterior”, según O Globo, que pertenece al mismo grupo empresarial.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) condenó lo que consideró como una “censura” que “viola el derecho de los brasileños a la libre circulación de informaciones de interés público”.

Marielle Franco, una concejal de Río de Janeiro de 38 años conocida por su defensa de las minorías y sus críticas contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada a balazos junto a su conductor Anderson Gomes el 14 de marzo de este año.

Desde entonces, algunos sospechosos fueron detenidos, pero el caso no ha tenido avances significativos. Las autoridades federales sospechan que existe una trama para obstruir las investigaciones, en la que participan “agentes públicos y milicianos” y abrieron una pesquisa para esclarecer estas denuncias, una especie de “investigación sobre la investigación”.

El ministro brasileño de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, afirmó a principios de noviembre que dos testigos proporcionaron “graves denuncias” sobre “la existencia de una organización criminal, que involucra a agentes públicos de varios organismos, milicianos y organizaciones criminales” que se proponen “impedir que se llegue a quienes ordenaron y procedieron a la ejecución del doble homicidio”, sin dar más detalles.

Río de Janeiro afronta desde hace al menos dos décadas el problema de las milicias: grupos parapoliciales conformados por agentes y exagentes de seguridad, que actúan en las favelas. Estos escuadrones, que se disputan el dominio de las barriadas con los traficantes de droga, están implicados en extorsiones y han llegado a controlar servicios como el suministro de gas, internet, la televisión por cable o las redes de transporte local.