La magistrada Ivani Silva da Luz, de la sexta corte federal de Brasilia, atendió un pedido de la Defensoría Pública de la Unión y ordenó que las Fuerzas Armadas se abstengan de conmemorar el próximo 31 de marzo los 55 años del golpe militar.

“Nuestro presidente ya determinó al Ministerio de Defensa que haga las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964, incluyendo una orden del día”, dijo el pasado lunes el portavoz de la Presidencia, general Otavio Rego Barros.

Tras las críticas recibidas, Bolsonaro cambió la víspera el verbo empleado por su portavoz y dijo que su Gobierno pretende “rememorar” y no “conmemorar” el golpe, sobre el cual niega que haya dado lugar a una dictadura.

“No es conmemorar. Es rememorar, revisar lo que está equivocado, lo que está bien, y usar eso para el bien de Brasil en el futuro”, precisó el mandatario, que es capitán de la reserva del Ejército.

En medio de la polémica, la Justicia concedió este viernes una medida cautelar para prohibir que los militares realicen la lectura de un texto en referencia al 31 de marzo 1964, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Joao Goulart y se inició una seguidilla de Gobiernos militares que solo acabó 21 años después.

No obstante, en la práctica, varias unidades militares anticiparon a este viernes la lectura de la llamada “orden del día”.

Además de la Defensoría, la Fiscalía se pronunció sobre la decisión del Gobierno brasileño y afirmó, mediante un comunicado oficial, que el derrocamiento de Goulart fue sin duda una “ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional”.

También sostuvo que el golpe de 1964 “dio origen a un régimen de restricción a los derechos fundamentales y de represión violenta y sistemática a la disidencia política” e instó a los militares a que se abstengan de conmemorar la fecha en los cuarteles.

Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos Instituto Vladimir Herzog y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB, Colegio de Abogados) denunciaron a Bolsonaro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Se espera que las Naciones Unidas se manifiesten públicamente sobre la importancia del derecho a la memoria y a la verdad y, más específicamente, sobre la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas durante el régimen militar, a fin de evitar cualquier intento de revisionismo histórico”, señala un comunicado divulgado por el Instituto.

Según un informe presentado en 2014 por una Comisión de la Verdad que investigó ese período, la dictadura que imperó entre 1964 y 1985 dejó 434 muertos y desaparecidos.

El voluminoso informe detalló en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y citó como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía estaban vivos hace cinco años.

En medio de la polémica, están previstos este fin de semana diversos actos en Brasil a favor y en contra de la dictadura militar.