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Las autoridades costarricenses encontraron el dinero en una vivienda de la ciudad de Heredia, con base en la información suministrada por Colombia.
Según la Fiscalía, los datos para proceder al operativo se obtuvieron de los computadores incautados luego de realizar, en marzo de 2008, la Operación Fénix, en la que murió Luis Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”.
El entonces número dos de las FARC y otros 22 rebeldes fueron abatidos por tropas colombianas que atacaron un campamento de esa guerrilla en territorio ecuatoriano, donde fueron hallados los ordenadores.
La incursión militar desató una crisis con Ecuador, que rompió las relaciones diplomáticas con Colombia y expulsó al embajador Carlos José Holguín, y agravó los problemas con Venezuela, que cerró su embajada en Bogotá y militarizó la frontera.
El dinero incautado fue enviado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a la Fiscalía colombiana, añadió la información.
A raíz de la devolución del dinero, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, envió una carta de agradecimiento a su par costarricense, Jorge Chavarría Guzmán, en la que destacó el compromiso de los dos países en la lucha contra la delincuencia transnacional.
“Esta devolución es el resultado del compromiso existente entre ambas naciones para desarticular las bandas criminales y atacar los patrimonios ilícitos de organizaciones delictivas, y revela la dimensión de nuestro compromiso en la lucha contra diversas formas de delincuencia organizada trasnacional”, se indicó en la misiva.
Desde cuando llegó al cargo, el fiscal Martínez intensificó las gestiones con las autoridades judiciales de Costa Rica para que enviaran a Colombia los recursos incautados después de la muerte de “Raúl Reyes”.
“Nosotros continuaremos en la persecución nacional e internacional de los activos ilícitos de las organizaciones al margen de la ley. De eso no debe caber duda alguna”, expresó.
La Fiscalía explicó que los 480.000 dólares entran a un proceso de extinción de dominio y una vez se haya concluido este, el 50 % de ese dinero irá al Gobierno, 25 % a la Fiscalía General y el restante 25 % se destinará a la rama Judicial, como lo indican las leyes colombianas.