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04 de Setiembre de 2018 23:59

 

Líder chavista tilda de “vergüenza” reunión sobre crisis migratoria venezolana

Por AFP

CARACAS. El poderoso dirigente Diosdado Cabello tildó este martes de “vergüenza” la reunión de once países de América Latina, que pidieron al gobierno de Nicolás Maduro aceptar ayuda humanitaria para “descomprimir” la crisis migratoria.

 

“Acaba de reunirse el grupo este que ya no es de grima, es de asco, de vergüenza, en Ecuador. Qué pena, qué vergüenza con Ecuador, hicieron un comunicado, palabras más, palabras menos, (en el que) terminan pidiendo plata”, dijo Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige Venezuela. Los once países firmaron una declaración en la que hicieron “un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”.

Además, clamaron por ayuda financiera para regularizar a los migrantes. “Estas declaraciones de este grupo de asco, de vergüenza, también se les van a revertir”, recalcó Cabello durante una sesión de la Constituyente -conformada solamente por el chavismo-, en la que fue aprobado un acuerdo para respaldar un plan de Maduro para repatriar a migrantes venezolanos.

En la cita que terminó tras dos días de deliberaciones en Quito, participaron 13 países. Bolivia, estrecho aliado de Venezuela, se abstuvo de firmar, mientras República Dominicana señaló que lo haría después, debido a que estuvo representada por un consejero de la embajada. Unos 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, según cifras de la ONU.

La hiperinflación que podría cerrar 2018 en 1.000.000, según el FMI y la escasez de todo tipo de bienes ha disparado el éxodo. No obstante, Maduro sostuvo el lunes por primera vez que en los últimos dos años se han ido 600.000 venezolanos a “probar suerte en el exterior” y, según dijo, más del “90% están arrepentidos” y desean regresar.

La semana pasada el gobierno mostró imágenes de 89 venezolanos repatriados voluntariamente desde Perú. Además de Bolivia y República Dominicana, en la reunión tomaron parte Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

“Los que se han ido, no se han ido para salvar a Venezuela, se han ido por un tema de individualismo (...) y han vendido casas que les entregó la revolución bolivariana, carros y computadoras”, remarcó Cabello. “Parece irreal, parece una cosa de (Gabriel) García Márquez, realismo mágico: los que se fueron huyendo de la dictadura le piden al dictador que los rescate y en avión”, ironizó Cabello, quien insiste que las imágenes de venezolanos emigrando a pie son parte de una “campaña tipo Hollywood” para promover una intervención militar en Venezuela.

Endurecer la ley

 

Si se concreta el retiro del artículo, el debate social y parlamentario del aborto se configurará solo en torno a un proyecto presentado por el diputado Fernando Linares, del derechista Partido de Avanzada Nacional, que ya lleva un camino recorrido en el Congreso y que podría debatirse en el pleno próximamente. Se trata de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas de prisión por aborto intencional de los 1 a 3 años actuales a entre 5 y 10 años. Además, agrega penas de entre 2 y 4 años por intento de aborto o aborto “culposo”.

Según organizaciones feministas, esta iniciativa criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria. Su aprobación sería “un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres”, dijo a la AFP Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas. La activista reivindicó el derecho de las mujeres a “decidir sobre nuestro cuerpo” y afirmó que entre 15% y 20% de los embarazos terminan con la pérdida del feto, advirtiendo que con ese proyecto se pretende establecer penas de cárcel en algunos de esos casos.

La despenalización se ha convertido en un clamor en muchos países de América Latina, una reivindicación que tomó particularmente las calles en Argentina pero que finalmente no logró la venia del Senado de ese país. Pero Centroamérica es una de las regiones más restrictivas del mundo: el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua. La interrupción voluntaria del embarazo es legal solamente en Cuba, Uruguay y en la Ciudad de México. En el resto de Latinoamérica se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina.

“Segunda categoría”

A las voces de rechazo a la iniciativa conservadora se sumó Human Rights Watch (HRW) , cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el proyecto de ley “podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades”.

“La pérdida de un embarazo puede ocurrir debido a anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto espontáneo, todas situaciones que están fuera del control de la mujer embarazada o su proveedor médico” , puntualizó Vivanco. Esta iniciativa “también incluye definiciones de ’familia’ y ’diversidad sexual’ abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero”, agregó.

“Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría (...), es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos”, afirmó.

 
 

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