BRASILIA. A punto de cumplir cinco meses en la cárcel, que serán seis el día 7 de octubre, cuando el país vaya a las urnas, Lula ha dado otra vuelta de tuerca en su desafío judicial al decidir que aún no será sustituido como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

La candidatura de Lula ha sido negada por la justicia electoral, sobre la base de normas que impiden que una persona con una condena ratificada en segunda instancia, como es su caso, postule a algún cargo electivo.

Esa decisión fue tomada la madrugada del sábado y, según el PT, Lula no supo de ella hasta la tarde de este lunes, cuando recibió la visita de varios dirigentes del partido.

En los círculos políticos, y en buena parte de la militancia del PT, se esperaba que fuera anunciado entonces que Fernando Haddad, el compañero de fórmula de Lula como candidato a vicepresidente, sería el nuevo abanderado del partido.

Sin embargo, el PT anunció que, tras las conversaciones con Lula, quien aún desde la prisión controla cada resorte de esa formación, insistirá en “adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar el registro de la candidatura” del expresidente.

Eso supone continuar en un camino judicial que se la ha puesto cuesta arriba y cuyo resultado es más que incierto, sobre todo a la luz de la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que negó su inscripción como candidato por seis votos a uno.

El primer paso de ese pedregoso camino deberá ser una apelación a la decisión del TSE ante la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido hostil a Lula y ha negado uno a uno todos los recursos intentados por su defensa para lograr su libertad.

La estrategia del PT apunta a contestar nuevamente la sentencia que lo condenó a prisión por delitos de corrupción, con recursos que son similares a los ya negados por la Corte Suprema, junto con una acción contra el rechazo de la justicia electoral a su candidatura.

Según expertos jurídicos, en el tribunal supremo no existe el clima necesario para revisar la llamada “Ley de Ficha Limpia” que ha impedido la candidatura de Lula, promulgada por él mismo en 2010 y cuya constitucionalidad esa misma corte ratificó hace dos años.

La defensa de Lula, sin embargo, apuesta también en un incierto frente externo y se propone renovar el apoyo que ya obtuvo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en una cautelar que la justicia electoral ya consideró “no vinculante” pidió “garantías” para su participación en las elecciones.

Haddad se refirió a ese asunto, tras visitar a Lula en prisión, y dijo que el mismo expresidente decidió que se insista ante la ONU “para que se manifieste” sobre el rechazo a la cautelar del Comité de Derechos Humanos.

No obstante, el reloj juega contra las aspiraciones de Lula, pues el TSE, en la sentencia que profirió la madrugada del sábado, dio un plazo de diez días para que el PT presente un nuevo candidato, lo cual lleva la fecha clave al 11 de septiembre.

Si para ese día el PT no ha presentado un nuevo abanderado, puede quedar directamente fuera del pleito electoral, lo que aumentaría el desconcierto que la situación de Lula ha generado en la izquierda.

El tiempo también corre en contra de Haddad, candidato natural a sustituir a Lula, quien carece de proyección propia a nivel nacional y cuyas opciones sólo dependerían de su capacidad de “encarnar” al líder histórico del PT.

Hasta ahora, en escenarios que no contemplan la participación de Lula en las elecciones, Haddad no supera un 8% de las intenciones de voto, con lo que todas sus posibilidades estarían cifradas a la “herencia” que pueda recibir del expresidente en prisión.

Sin embargo, Haddad ya perdió unas elecciones con el firme apoyo de Lula en 2016, cuando el exmandatario aún estaba en libertad y en plena actividad política.

En esa oportunidad, aspiró a la reelección como alcalde de Sao Paulo y perdió en primera vuelta con el socialdemócrata Joao Doria, quien obtuvo el 53% de los votos frente al 16% que logró Haddad, a pesar de la intensa participación de Lula en su campaña.