Macron hablará por televisión el lunes a las 20H00 (18H00 GMT), el horario de máxima audiencia en Francia, para anunciar “medidas concretas” con el objetivo de sofocar la cólera de este movimiento social inédito.

La tarea de tratar de satisfacer las múltiples demandas de este colectivo heterogéneo será delicada para el líder de 41 años de edad, que fue elegido hace dos años con la promesa de cambiar profundamente Francia.

Sus anuncios deben, en principio, traducir las reivindicaciones expresadas por los franceses durante el llamado “gran debate nacional”, una consulta popular inédita convocada en enero en la que más de un millón y medio de ciudadanos expresaron sus preocupaciones cotidianas.

Entre las pistas mencionadas por la prensa figuran una rebaja de los impuestos sobre la renta para los sectores de clase media e incrementos en las pensiones más bajas, dos medidas prioritarias desde el punto de vista de más del 80% de los franceses, de acuerdo con una encuesta de la firma Ifop.

Las apuestas son altas para Macron, quien debe encontrar las palabras correctas para resolver la peor crisis de su presidencia y responder a la cólera de este colectivo, que aunque surgió a raíz del hartazgo fiscal, ahora se ha generalizado a otros aspectos de la sociedad francesa. “Los cinco años de Macron están en juego” , resumía el lunes el diario conservador Le Figaro, para quien el jefe de Estado “no tiene margen de error”.

El movimiento de los “chalecos amarillos”, que lleva el nombre de las chaquetas fluorescentes de seguridad que usan los manifestantes, nació en noviembre en las zonas rurales y en los pueblos pequeños de Francia contra un aumento del precio de los combustibles, pero rápidamente se convirtió en una rebelión más amplia contra la política social y fiscal de Macron.

En diciembre, en un primer intento para apagar las manifestaciones, el mandatario anunció medidas en favor del bolsillo de los franceses más modestos, incluyendo una subida del salario mínimo de 100 euros, como parte de un paquete que le costará a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros. Pero no fue suficiente para acallar las protestas.