La propuesta la hizo durante su comparecencia ante la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde consignó un proyecto de ley constitucional contra el odio y la intolerancia.

“Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel, a los que expresen odio intolerancia y violencia por razones culturales, religiosas, políticas o ideológicas”, advirtió.

El mandatario argumentó que ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia y persecución a través de un “gran proceso político de creación de conciencia y leyes muy severas para tipificar y castigar esos delitos. Desde el caso de un mujer honesta como lo es Socorro Hernández (rectora del poder electoral) en una automercado por parte de una persona enferma de odio que está siendo buscada y que la justicia la va a castigar hasta las expresiones de quemar vivos seres humanos por su ideología, color de piel o condición social”, expresó.

El anuncio de Maduro generó rechazo entre opositores venezolanos, sobre todo en aquellos que exigen elecciones para concretar el cambio político en esta nación inmersa en una compleja crisis.

Para Margarita López Maya, analista política, se trata de la criminalización de la disidencia y de una ley que será la “profundización de la dictadura hacia un estado totalitario. Se acabó la libertad de expresión y además apunta a que no solamente es una dictadura sino un fenómeno totalitario que nació otra vez en América Latina y que solamente ha tenido con anterioridad el caso de Cuba”, dijo a ANSA.

Destacó que las dictaduras venezolanas usaban la censura directamente contra los medios, pero “aquí ya se está anulando al ciudadano porque la idea del totalitarismo no es controlar la sociedad sino acabar con él”. Indicó que habrá una autocensura por el peligro de declarar “esas cosas que son delitos” porque solamente se podrá hablar de acuerdo a las pautas que “impone la dictadura y después vendrá el cierre de cualquier posibilidad por miedo”.

“Esto es una cosa bufa porque sin ningún tipo de apoyo interno nada más que con el ejército van hacer esto, es una cosa oprobiosa que solamente se entiende por el nivel de delitos y prebendas que tiene ahí”, opinó. La Constituyente comunal de Maduro se instaló el pasado 4 de agosto en medio de denuncias de fraude y del rechazo de la oposición y de numerosos países que no la reconoce.

Entre sus primeras polémicas decisiones, el órgano conformado por más de 500 asambleístas, todos de tendencia oficialista, destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, extendió su lapso de trabajo hasta el 2019 y dictó un decreto en donde señala que los organismos del Poder Público deben subordinarse a sus decisiones.

La oposición que califica de fraude la constituyente y de espúrea sus decisiones se apresta para una nueva jornada de protesta que realizará mañana para rechazar lo que llama golpe contra el poder municipal, que en las últimas horas destituyó, inhabilitó y condenó a 15 meses de prisión a los alcaldes de los municipios El Hatillo y Chacao, al este de Caracas.

Desde el pasado 1 de abril, los adversarios de Maduro se mantienen en las calles exigiendo elecciones libres y generales con una ola de protestas que han causado más de 100 muertos.