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En un acto inédito en 17 años de gobierno chavista, Maduro, con su banda presidencial, rindió su informe anual de gestión ante un Congreso dominado por la oposición, que desde que se instaló hace diez días anunció que buscará una “vía legal” para “cambiar el gobierno” y aprobará reformas económicas profundas.
“Pido el apoyo del Parlamento. Llamo a todo el país a apoyar las acciones que esta emergencia va a activar, a la unión nacional”, afirmó Maduro, al entregar al jefe legislativo opositor, Henry Ramos Allup, el decreto en la tribuna de un abarrotado hemiciclo parlamentario.
El gobernante, que acusó de la crisis a una “guerra económica” de la derecha, decretó la “emergencia económica” por 60 días ante la crisis cuya gravedad confirmó el Banco Central: una inflación de 108,7% y una contracción económica de 4,5% de enero a septiembre de 2015, primeras cifras publicadas en más de un año.
“Cifras catastróficas del resultado de una situación económica que seguramente en otros tiempos, con políticas regresivas neoliberales y capitalistas, tendrían a nuestro pueblo en el desempleo” , reconoció.
El gobernante precisó que ha habido una reducción de más del 70% del ingreso de divisas en poco más de un año, debido al desplome del precio del petróleo -fuente del 96% de divisas-, que esta semana cerró en 24,38 dólares por barril, el más bajo en los últimos 12 años.
Maduro dijo que “llegó la hora” de acabar con esa dependencia del petróleo y dar un “salto” de la economía rentista “en fase terminal” a una productiva, pues este país, con las mayores reservas de crudo del planeta, sufre un severo desabastecimiento que genera largas filas en los supermercados.
En su discurso, el gobernante aseguró que el país está en un “laberinto económico”, en una “tormenta” en la que, para “timonearla”, están “confrontados dos modelos”, el “socialista” y el “neoliberal”.
“Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización. ¡No, no y no!”, expresó, levantando el tono, en un breve cruce de palabras con diputados opositores que lo escuchaban desde sus curules.
Por medio del decreto, el gobierno dispondrá de bienes de empresas privadas a fin de garantizar el abastecimiento de productos, fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, explicó temprano el ministro de Economía, Luis Salas.
“Vamos a estudiar el decreto de emergencia con mucha atención (...) Si podemos conseguir puntos de coincidencia para salir de este atolladero, no somos nosotros los que vamos a negar las posibilidades de solución”, dijo Ramos Allup, quien no obstante reiteró que el modelo socialista chavista no funcionó.
Analistas recomiendan la unificación de los tres tipos de cambio monetario, la eliminación del control de precios, aumentar el precio de la gasolina que es casi regalada en este país, estímulo a la inversión privada y reducción del gasto público.
Maduro, que ha acusado a la oposición de querer darle un “golpe” desde el Parlamento apoyada por Estados Unidos, pidió a la oposición “no caer en la tentación de una contrarrevolución que produzca aventuras que sean lamentadas”.
“Nosotros no apostamos a golpes de Estado porque nos somos tan tontos (...) no hay golpe bueno, todos los golpes son malos, no debemos apostar sino a soluciones civiles, no alentemos demonios”, le respondió Ramos Allup cuando tomó la palabra al terminar el discurso presidencial.
Pero Maduro también los llamó a conversar. “Llamo a un diálogo constructivo, para la acción, para la construcción de una nueva economía, para el fortalecimiento de los derechos sociales, un diálogo nacional”, invitó.
El presidente legislativo aceptó el llamado: “Estoy completamente de acuerdo, pero que sea un diálogo con resultados, con medidas concretas, y que cuando ofrezcamos la paz no sea la pax romana, la paz de los sepulcros”, le advirtió.
La comparecencia de Maduro ante el Congreso transcurrió con respeto y no faltaron notas de humor, pero ocurrió en medio de una crisis institucional desatada tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional.
Su asistencia estuvo en duda porque la justicia había anulado las decisiones del Parlamento por haber juramentado a tres diputados opositores que, impugnados por el oficialismo, están suspendidos mientras son investigados por supuesto fraude electoral. Pero la oposición debió retroceder el miércoles acatando la decisión judicial.
Los analistas temen que el enfrentamiento postergue la atención de la crisis, prioridad de los venezolanos, que han vivido con preocupación ese primer capítulo del choque de poderes.