La Corte Suprema de Brasil tenía previsto retomar el miércoles el análisis para decidir si despenalizaba o no el consumo personal de sustancias consideradas ilícitas, pero el presidente de ese tribunal, el juez José Antonio Dias Toffoli, decidió retirarlo de la agenda esta semana.
La máxima corte del país empezó a debatir el asunto en 2015, si bien la sesión fue suspendida en la época y por tiempo indeterminado cuando tres de los once jueces que integran el pleno ya habían votado a favor de la despenalización del porte y consumo personal de drogas.
Con la decisión de Dias Toffoli, el caso se queda de nuevo sin una fecha concreta para su resolución.
Lo que se discute es la constitucionalidad o no del artículo 28 de la Ley de Drogas, que prevé penas por “adquirir, guardar, tener en depósito, transportar o llevar consigo” drogas ilegales para consumo personal. En este sentido, bajo el lema “Para el pueblo vivo y libre, legalicen”, cientos de brasileños recorrieron este sábado la avenida Paulista para presionar a los jueces del Supremo a que, al menos, despenalicen el consumo personal.
Marcelo Gutiérrez, de 33 años y médico de profesión, afirmó a Efe que la marcha tiene “mucha importancia” porque la marihuana es, en su opinión, “una sustancia muy estigmatizada”, pero que en el área de la medicina “ tiene muchas aplicaciones en muchas enfermedades”.
“Es importante investigar, hacer ensayos clínicos para tener un mayor conocimiento porque los principios activos del cannabis son muy favorables para tratar muchas enfermedades, pero tenemos que investigar más y ¿cómo se investiga? Cuando sea legal”, añadió.
Por su parte, Lauro Pontes, psicólogo de 42 años y coordinador de la asociación AbraCannabis, se mostró igualmente favorable al uso de esa sustancia para tratar a algunos pacientes. “Y para ello es necesaria la despenalización, por eso estamos aquí apoyando la marcha de Sao Paulo, como también estuvimos en la de Río de Janeiro, y luchando para que por lo menos despenalicen la marihuana”, expresó a Efe.
Según los dados más recientes del Ministerio de Justicia, recogidos por la asociación Conectas, el 26,5% de la población carcelaria masculina y el 62% de la femenina responde por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
De 2006, cuando se publicó la Ley de Drogas, hasta 2017, la población carcelaria experimentó en Brasil un crecimiento de más de un 80% hasta totalizar alrededor de 730.000 personas, ocupando el tercer puesto en la clasificación mundial. Igualmente, los presos con base en la Ley de Drogas pasaron de los 47.000 en 2007, hasta los más de 200.000 en 2016.