BUENOS AIRES. El mitin, convocado a través de las redes sociales, se realiza frente al Congreso y en varias provincias. Exigen además del desafuero, la aprobación de la ley de Extinción de Dominio, para poder recuperar de manos de los corruptos los bienes robados al Estado. 

El Senado debe debatir mañana si aprueba un pedido del juez investigador, Claudio Bonadio, para allanar un apartamento de Kirchner en Buenos Aires y dos viviendas en la Patagonia (sur).

La mayoría de la cámara rechaza aprobar un desafuero sin una condena firme.

“¡Cárcel a Cristina!”, gritaban participantes del mitin, integrado en su mayoría por personas de la clase media porteña (habitantes de la capital) donde la senadora centroizquierdista cosecha el mayor rechazo. Mientras que en las provincias exigían el retorno del dinero robado a las arcas del Estados durante el kirchnerismo.

La megacausa del "cuadernazo" involucra a exfuncionarios de los dos períodos de gobierno de Kirchner (2007-2015) y más de una veintena de los más grandes empresarios contratistas de obra pública.

Muchos de ellos evitaron la cárcel al declarar ante Bonadio que aportaron dinero sin declarar a las campañas de Kirchner.

Kirchner, que sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para adjudicación de contratos de obra pública.

La causa judicial se inició sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

Es un exsargento echado del ejército por mala conducta. El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega del dinero.