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Se necesitaba el voto de por lo menos 8 de los 11 magistrados (mayoría calificada) para que la legislación en el estado norteño de Baja California fuera declarada inconstitucional, lo que podría haber afectado a las normas en los otros estados.
Sin embargo, sólo siete de los jueces apoyaron esta posición, que dividió a la clase política del país, por lo que la Corte decidió avalar la legislación antiaborto que protege el "derecho a la vida desde la concepción" y es cuestionada por grupos civiles pro derechos humanos y otros sectores sociales.
El 25 de abril del 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, por lo que surgió de inmediato una ola de reformas antiaborto en 17 estados, ante el temor de que el ejemplo se extendiera.
La Suprema Corte ya había avalado la constitucionalidad de la ley en la ciudad de México, por lo cual se esperaba que actuara en forma consecuente esta vez.
La jerarquía católica se pronunció previamente a favor del "derecho a la vida", como se califica a la posición antiaborto, mientras el propio presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala y otros dirigentes del oficialismo hicieron lo propio.
Los miembros de la Suprema Corte habían señalado que no iban a someterse a la "presión de nadie por poderoso que fuera".
La decisión de ratificar la constitucionalidad del aborto fue adoptada en una tercera jornada de debates consecutiva, en la cual los jueces que apoyaron la constitucionalidad de las leyes antiaborto dijeron que la Constitución "no establece en qué momento inicia la vida".
Por lo tanto, argumentaron que las legislaciones provinciales "están en libertad de hacerlo", como lo dijo el juez Jorge Pardo, cuyo voto fue decisivo y quien asumió su cargo apenas en febrero pasado.
"Nuestra Constitución Federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre", afirmó Pardo, quien insistió en que el tema a discusión no era la penalización del aborto.
La petición de inconstitucionalidad fue elevada por la minoría parlamentaria de Baja California. El juez Arturo Zaldívar fue uno de los que se pronunció con mayor vehemencia en contra de las leyes antiaborto.
"Criminalizar a la mujer, sobre todo a la mujer más pobre, no es la solución, condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, es profundamente injusto, inmoral y profundamente inconstitucional", dijo.
Sin embargo, sólo siete de los jueces apoyaron esta posición, que dividió a la clase política del país, por lo que la Corte decidió avalar la legislación antiaborto que protege el "derecho a la vida desde la concepción" y es cuestionada por grupos civiles pro derechos humanos y otros sectores sociales.
El 25 de abril del 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, por lo que surgió de inmediato una ola de reformas antiaborto en 17 estados, ante el temor de que el ejemplo se extendiera.
La Suprema Corte ya había avalado la constitucionalidad de la ley en la ciudad de México, por lo cual se esperaba que actuara en forma consecuente esta vez.
La jerarquía católica se pronunció previamente a favor del "derecho a la vida", como se califica a la posición antiaborto, mientras el propio presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala y otros dirigentes del oficialismo hicieron lo propio.
Los miembros de la Suprema Corte habían señalado que no iban a someterse a la "presión de nadie por poderoso que fuera".
La decisión de ratificar la constitucionalidad del aborto fue adoptada en una tercera jornada de debates consecutiva, en la cual los jueces que apoyaron la constitucionalidad de las leyes antiaborto dijeron que la Constitución "no establece en qué momento inicia la vida".
Por lo tanto, argumentaron que las legislaciones provinciales "están en libertad de hacerlo", como lo dijo el juez Jorge Pardo, cuyo voto fue decisivo y quien asumió su cargo apenas en febrero pasado.
"Nuestra Constitución Federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre", afirmó Pardo, quien insistió en que el tema a discusión no era la penalización del aborto.
La petición de inconstitucionalidad fue elevada por la minoría parlamentaria de Baja California. El juez Arturo Zaldívar fue uno de los que se pronunció con mayor vehemencia en contra de las leyes antiaborto.
"Criminalizar a la mujer, sobre todo a la mujer más pobre, no es la solución, condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, es profundamente injusto, inmoral y profundamente inconstitucional", dijo.