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Coreando la consigna “El agua no es un negocio” y “El agua es un derecho, no una mercancía”, ambientalistas, estudiantes, campesinos y obreros salieron desde la plaza Másferrer y tras recorrer unos cuatro kilómetros llegaron a la plaza El Salvador del Mundo, en el oeste capitalino.
“A la derecha le vamos a demostrar que el agua es nuestra”, advirtió Marielos de León, del directorio de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), en el cierre de la multitudinaria manifestación.
Los manifestantes recordaron que en el pasado la derecha que gobernó el país durante dos décadas (1989-2009) dolarizó la economía, privatizó las telecomunicaciones, la distribución de la electricidad y las pensiones.
Para Marielos de León, el pueblo salvadoreño “debe estar unido” porque en el caso del agua solo consume el 15% de la capacidad hídrica del país, mientras que el 80% lo acapara la gran empresa privada que ahora “quiere hacer su último negocio del siglo, y eso no lo debemos permitir”.
“El peligro que se corre es que si la empresa privada y las transnacionales toman el control del agua el pueblo estará más limitado de ese recurso”, advierte por su parte Karina Amaya, estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador.
En la Asamblea Legislativa, controlada por partidos de derecha, se encuentra en estudio una ley que tiene como punto divergente la constitución del nuevo órgano que administre la gestión del agua.
En El Salvador, la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) es la encargada de administrar el agua, pero en la nueva ley el ente regulador estaría dominado por delegados del sector privado, lo cual es rechazado por las organizaciones sociales.