El fiscal supraprovincial para casos de corrupción, Elmer Chirre, aseguró este jueves que se trata de una cantidad inédita para la Fiscalía en concepto de recuperación de dinero del erario público peruano.
El cobro se realizó en distintas partes, con un primer depósito de 40 millones de soles (unos 12 millones de dólares) el año pasado y otro de 25 millones de soles (unos 7,5 millones de dólares) entre abril y mayo de este año.
La Procuraduría Pública (Abogacía del Estado) Especializada en Delitos de Corrupción explicó en un comunicado que la recuperación del dinero se pudo realizar gracias a dos acuerdos de colaboración eficaz (delación premiada) que fueron ratificados por la Justicia peruana.
La indemnización es por el soborno de 2,6 millones de dólares que Odebrecht pagó al gobierno regional de Áncash para que le adjudicasen la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, construida entre 2010 y 2013 y cuyo presupuesto fue de unos 404 millones de soles (unos 120 millones de dólares).
El dinero provino del “Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR)” que el Estado peruano puso a las operaciones de la constructora en el país a través de los decretos “Anti-Odebrecht”, promulgados para garantizar el pago de la indemnización una vez que salieron a la luz los sobornos.
Esta cantidad es adicional a los 760 millones de soles (unos 227 millones de dólares) que Odebrecht se ha comprometido a pagar al Estado peruano como indemnización dentro del acuerdo de colaboración eficaz suscrito para el resto de sobornos pagados en Perú, lo que todavía está pendiente de ser homologado por un juez.
Esta indemnización mayor saldrá en principio de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, la tercera más grande del país con 456 megavatios de potencia, que Odebrecht traspasó recientemente a un consorcio liderado por la energética estatal China Three Gorges Corporation (CTG) a cambio de 1.400 millones de dólares.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht ha reconocido que pagó millonarios sobornos a cambios de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) , sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario. También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el mes pasado se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando la Policía había llegado a su casa para detenerlo.
Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.