El Palacio do Planalto, según el servicio estatal de noticias Agencia Brasil, recibió el martes la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la petición presentada la semana pasada ante ese organismo por los diputados del PT Paulo Teixeira, Wadih Damous y Paulo Pimenta horas antes de que el Senado aprobara la apertura del juicio.

En el pedido a la Comisión, el PT solicitó medidas cautelares (protección) a la Comisión para frenar el proceso de destitución de Rousseff, algo sobre lo que el organismo aún no se ha pronunciado.

En el documento enviado a Temer, la Organización de Estados americanos (OEA) pide que el Gobierno brasileño “presente explicaciones y argumentos sobre la naturaleza del proceso, que, según alegan los aliados de Rousseff, es un 'golpe'”, citó la información.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta formal de Brasil “está siendo elaborada por los órganos competentes” y, de acuerdo con medios locales, el plazo para presentarla es de siete días a partir de la fecha de notificación.

Rousseff es acusada de maniobras fiscales para maquillar el informe de las cuentas públicas de su gestión en 2014 y 2015.

“No hay ni siquiera un proceso penal, no hay ley que defina esa conducta como crimen, además de todas las infracciones legislativas en el proceso”, señaló Teixeira en el argumento de defensa a Rousseff.

La última fase del proceso, que se calcula que puede durar unos cinco días, comenzará el próximo 25 de agosto y el lunes 29 Rousseff acudirá al Senado por primera vez desde que se abrió el juicio, el pasado 12 de mayo, cuando además fue suspendida de sus funciones.